La diputada Natalia Rodríguez, ex presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, presentó un proyecto de ley que prohíbe la venta de misoprostol (utilizado para abortar) en las farmacias de la provincia. El objetivo es limitar, por ley, “el uso de medicamentos que contengan el principio activo Misoprostol, al ámbito institucional sanitario y hospitalario exclusivamente”.
Aunque el proyecto todavía no empezó a debatirse en la comisión de Salud, desde algunos sectores, especialmente del ámbito del Derecho y de los colectivos de Mujeres, lo cuestionan porque, de aprobarse, sería “inconstitucional” porque es el Estado Federal quien tiene la competencia de determinar la naturaleza de los medicamentos y la forma de circulación de los mismos.
La droga es conocida para tratar úlceras gástricas y también está indicada obstétricamente para la interrupción del embarazo. La ANMAT había autorizado la comercialización bajo receta de este medicamento pero muchos farmacéuticos salieron al cruce de esa reglamentación.
En farmacias
El misoprostol en su versión ginecológica puede ser comprado bajo receta archivada, en las farmacias del país, tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, en octubre de 2018.
Sin embargo, en aquella oportunidad, un sondeo elaborado por el Colegio de Farmacéuticos de Misiones, señalaba que más del 90% de sus miembros directamente “no querían venderlo”.
“Nosotros lo que planteamos es la seguridad de que se siga manteniendo, dentro del uso hospitalario (público y privado), como era antes de octubre del año pasado. Apuntamos a que el tratamiento con Misoprostol no sea ambulatorio si no que se lo lleve adelante dentro de una institución”, describió sobre la norma.
“Pensamos que es una cuestión de seguridad. Las mujeres que lo utilizan deberían estar bajo un cuidado médico. Una cuestión es que el médico lo recete y la mujer haga un tratamiento ambulatorio en la casa y otra cuestión es que el médico lo prescriba y haga el tratamiento bajo su control dentro de la institución”.
Volvió a insistir la diputada: “Este proyecto sale a partir de una postura institucional, a partir de una encuesta que se hizo entre los farmacéuticos que ejercen la profesión en la provincia. Esa es la mirada que nosotros tenemos y ahora hay que debatirlo. Esto no es una cuestión que se va a aprobar así sin más, si no que hay que sentarse y analizar, como todas las leyes que tienen que ver con la seguridad y la salud de la población”.