A las 14:47 de aquel martes 17 de marzo de 1992, el centro de Buenos Aires fue sacudido por una explosión en la calle Arroyo 916, domicilio de la sede diplomática israelí en Argentina.
En medio de la conmoción causada por el ataque, el entonces presidente Carlos Menem lanzó una rápida conjetura sobre los autores del hecho: “Los responsables son sectores del nazismo, pero ya fueron derrotados en el país”, en obvia alusión a los militares carapintadas, cuyo último levantamiento había sido sofocado en diciembre de 1990.
Sin embargo, la principal hipótesis de la investigación se inclinó a culpar a la organización Hezbollah, con base en El Líbano y apoyada por la República Islámica de Irán, supuesto organizador intelectual del ataque.
La causa
Como el atentado afectó a una delegación extranjera, la investigación quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que el 24 de marzo de ese año abrió el expediente 143/1992 que continúa en poder del máximo Tribunal. En tanto, las pesquisas de la instrucción quedaron en manos de la Comisaría 15 de la Policía Federal.
Un dato llamativo es que la Corte rechazó el pedido de los querellantes de convocar a declarar a los custodios de la Federal que se retiraron de la puerta de la Embajada poco antes de la explosión. Recién cuatro años después del atentado, esos efectivos policiales fueron citados a declarar, junto al titular de la comisaría 15.
Al momento del hecho, se realizaban obras de remodelación en la sede diplomática y los familiares de las víctimas pidieron que los propietarios de la empresa constructora encargada de esos trabajos prestaran declaración en la causa.
El ministro de la Corte Ricardo Levene, quien estaba a cargo del expediente, formuló en 1996 la teoría de que el edificio había sido demolido por un artefacto explosivo colocado en su interior. Otros peritos señalaron en cambio la presencia de una camioneta Ford F-100, que merodeó la zona al momento del siniestro, y que, cargada de explosivos, fue conducida por un terrorista suicida que la explotó frente a la delegación diplomática.
Esa terminó siendo la versión oficial sobre el ataque que se impuso tras la creación, en 1997, de una Secretaría Especial que asumió la investigación bajo la dirección de Esteban Jorge Canevari, funcionario del tribunal que encabeza el Poder Judicial argentino.
La detención de cuatro ciudadanos de Pakistán y la imposibilidad de determinar el número exacto de muertos son dos hechos que indican la manera en la cual Levene llevó el caso hasta la puesta en funciones de Canevari.
Los ciudadanos paquistaníes fueron detenidos tres días después del ataque y, aunque quedaron liberados una semana después, continuaron vinculados a la causa durante siete años, hasta que finalmente los sobreseyeron.
En cuanto a la cantidad de víctimas, inicialmente se consignó que hubo 29 fallecidos, luego 26, y finalmente, en 1999, la Corte ratificó que hubo en realidad 22 víctimas fatales.
En 2006, y por impulso de los familiares de las víctimas, la Corte Suprema compuesta por los jueces Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolsaco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay declaró la causa como “imprescriptible”.
Tras 31 años, el expediente por la voladura de la Embajada acumula 250 cuerpos, mientras los familiares de las víctimas aún aguardan por justicia.
El 18 de julio de 1994, otro atentado voló la mutual judía de la AMIA en el barrio de Once y provocó 85 muertos en un hecho que tampoco pudo esclarecerse y que nadie pudo desvincular fehacientemente de la matanza perpetrada en la calle Arroyo.
Fuente PE
