En medio de la lucha por la conservación de los yaguaretés, las alarmas se encendieron al confirmarse que uno de los últimos especímenes que habitaban en Formosa fue víctima de la caza ilegal. Luego de que fuera asesinado, el grupo de cazadores lo despojó de su pelaje en un campo. La Justicia ya detuvo a uno de los involucrados, mientras continúan con la búsqueda de los demás responsables.
La caza ilegal del yaguareté conmocionó a la red de proteccionistas que velan por el cuidado de la especie felina que es conocida por ser la más grande de su tipo en todo el continente americano. El hecho ocurrió en la zona norte de Estanislao del Campo, en donde el ejemplar había sido sacrificado y cuereado por al menos cuatro cazadores ilegales.
A pesar de que no se estableció la fecha exacta en la que el yaguareté fue cazado, las autoridades informaron que tomaron conocimiento de lo sucedido el sábado por la tarde luego de que el Ministerio de Producción y Ambiente formoseño radicara una denuncia que incluía una serie de fotografías y varios testimonios sobre el episodio.
De esta manera, los agentes de la Unidad Especial de Policía Ecológica (UEPE) corroboraron que el animal asesinado se trataba de un macho de gran tamaño que había sido captado por primera vez el pasado 27 de febrero. La segunda vez que se tuvo registro de él fue en abril.
A raíz de esto, se abrió una causa judicial caratulada por el delito de “Daño, concordante con Infracción a la Ley Provincial N° 1673/18 – Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Formosa, en referencia a los artículos 20 y 78″. Por este motivo, la investigación será encabezada por la jueza Gabriela Soledad Plazas, a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de Las Lomitas.
Después de que la magistrada actuara de oficio, se creó una comisión especial integrada por la Unidad Especial de Policía Ecológica, Unidad Especial Asuntos Rurales (UEAR), el personal de la comisaría de la localidad de Ibarreta y la Delegación Unidad Regional Cinco para llevar a cabo las primeras tareas investigativas. Según los detalles sumados por Diario Norte, la colaboración de los vecinos de la región fue clave para reconocer a los cuatro cazadores ilegales que participaron del sacrificio del yaguareté.
“Se logró corroborar, a través de las primeras fotos obtenidas del yaguareté muerto y que resultaron determinantes para la investigación que desencadenó en la detención de las personas involucradas en el hecho”, confirmó Plazas al remarcar que se trataba de “un valioso animal que se encuentra protegido por leyes nacionales y provinciales”.
Por esta razón, la jueza ordenó que se realizaran allanamientos en dos domicilios ubicados en Paraje Las Antolas y en Colonia La Inmaculada, zonas pertenecientes a la localidad de Ibarreta. Fue así como uno de los sospechosos fue detenido por el comando especial, se trata de un hombre de 60 años, cuya identidad se mantuvo reservada por las autoridades.
Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron dos carabinas calibre .22 y .14, sogas, monturas que contaban con manchas de sangre y prendas de vestir que serían las que habría llevado puestas durante la cacería. Luego de que el acusado fuera arrestado, un móvil lo trasladó hacia una dependencia policial de la zona, donde permanece detenido.
Además, otro escuadrón confirmaron el hallazgo del campo donde se cometió el sacrificio, tras haber cruzado el riacho Monte lindo. Del lugar se extrajeron muestras óseas, pelos, prendas de vestir, machetes, tacos que habrían utilizado para estaquear el cuero, piolas y otros elementos que serían de interés para la investigación.
Por otro lado, desde Parques Nacionales Argentina repudiaron la matanza del yaguareté por medio de un comunicado publicado en las redes sociales. En este sentido, el organismo encabezado por Cristian Larsen remarcó que “la especie ha sido declarada Monumento Natural en el año 2001 y además se encuentra protegida por la Ley Nacional 22.421 en el año 2.001 de Conservación de la Fauna”.
Pese a que las condenas estarían lejos de definirse, en la norma se establecen penas de dos a cincos años de inhabilitación especial. No obstante, la sanción se eleva de cuatro meses a tres años de prisión e inhabilitación especial por diez años cuando la cacería fuera realizada de forma organizada o con el concurso de tres o más personas o con armas, artes o medios prohibidos por la autoridad de aplicación.
Fuente Infobae
