La causa penal por “hurto y violación de domicilio” se inició el 6 de septiembre con el allanamiento a un departamento en el microcentro posadeño donde reside la acusada por su expareja de ingresar a su estudio jurídico y sin forzar cerraduras y llevarse el dinero de un cajón de escritorio.
Los pasillos del Palacio de Justicia son recorridos desde hace dos semanas por una denuncia penal y un petitorio de medidas ante los ministros del Superior Tribunal de Justicia por un hecho de “hurto y violación de domicilio” que involucra a una funcionaria con jerarquía en la Superintendencia del máximo escalafón de la administración judicial provincial.
De acuerdo a los documentos y fuentes obtenidas y consultadas por PRIMERA EDICIÓN el expediente está en manos del juez de Instrucción 3, Fernando Luis Verón, pero se inició ante la denuncia directa ante la fiscal respectiva, Adriana Marcela Verónica Herbociani, desde el viernes 6 de septiembre y apunta a un abogado de 54 años que se desempeña en el fuero civil y que acusó a su exesposa de haber ingresado a su estudio jurídico y robarle cuatro mil dólares de un cajón de su escritorio.
Como evidencias y pruebas de parte, el denunciante aportó testigos y videos de cámaras de seguridad que mostrarían el ingreso, con llaves en mano, de la secretaria de la Superintendencia del STJ al edificio y a la oficina del segundo piso de la calle 25 de Mayo 1687 (casi San Martín, al lado de la vivienda que habita el gobernador Hugo Mario Passalacqua y a menos de 50 metros del Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial), donde se habría concretado el delito, según lo detallado en la presentación penal.
El mismo día de la denuncia ante la Justicia, se ordenó un allanamiento a un departamento por calle San Martín (a ocho cuadras del estudio jurídico) donde reside la funcionaria de 44 años con sus dos hijos adolescentes.
El procedimiento fue desplegado por investigadores policiales pero encabezado por el juez Fernando Verón y no se hallaron rastros de los billetes estadounidenses.
Las mismas fuentes remarcaron a este Diario que el vínculo civil entre ambos protagonistas, denunciante y denunciada, está legalmente disuelto desde hace más de un año.
El abogado patrocinante de la presunta víctima del hurto millonario (en pesos) presentó tres testigos y los registros de cámaras de seguridad. En el caso de las imágenes digitales ya habrían sido cotejadas por peritos de la Justicia y confirmado que la mujer que ingresa y sale del edificio y oficina de la calle 25 de Mayo, es la letrada y secretaria del STJ.
Entre los pasos siguientes que se esperan en la causa, resta aún que el juez Verón acepte como querellante al denunciante. Según voces incuestionables entre despachos judiciales, se pudo establecer que la solicitud fue realizada en tiempo y forma y que fue rechazada por la defensora oficial que asumió el patrocinio de la funcionaria.
Vale agregar que los ministros del STJ deberán analizar, se estima que durante los próximos días, el petitorio e informe que presentó ante la presidente Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, el abogado representante de la víctima en esta causa.
“Las cámaras no remiten dudas”, resaltaron las fuentes y apuntan a que la funcionaria denunciada es la que ingresa al edificio a las 13.23 del viernes 28 y con las llaves abre sin inconvenientes todos los accesos hasta el estudio jurídico.
Según la presentación ante la fiscal Herbociani, el dinero robado era parte del cobro de honorarios por una sucesión que llevó adelante el abogado especialista en el fuero laboral y civil misionero.
Primera Edición
