El Gobierno auditará más de un millón de pensiones por invalidez tras detectar irregularidades en un 80% de los casos. La Agencia Nacional de Discapacidad, junto al PAMI, realizará entrevistas presenciales y dará de baja las prestaciones que no cumplan los requisitos. Una revisión previa en Chaco reveló que el 70% de las pensiones eran irregulares o fraudulentas.
5El Gobierno nacional llevará a cabo una auditoría exhaustiva sobre más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral, tras descubrir que el 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos exigidos. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en conjunto con el PAMI, llevará adelante las revisiones a través de entrevistas presenciales en todo el país. Las pensiones que no pasen el filtro serán dadas de baja.
Detalles de la auditoría y normativa vigente
La última auditoría, realizada en diciembre de 2024, reveló que muchos beneficiarios no padecían las condiciones de salud declaradas, lo que condujo a la baja de 212 pensiones cobradas por presos y 150 por fallecidos. Esta revisión forma parte de los esfuerzos del gobierno para intensificar los controles sobre las prestaciones, apoyados por la actualización de las condiciones para determinar la invalidez laboral, publicada recientemente en el Boletín Oficial.
El nuevo baremo, desarrollado por expertos en medicina legal-laboral, establece apartados que evalúan cualitativamente el deterioro psicofísico y clasifican las afecciones según su impacto en la incapacidad laboral. Esto permitirá determinar con mayor precisión quiénes son aptos para recibir el beneficio.
Fases de implementación de la auditoría
En la primera etapa, la ANDIS y el PAMI realizarán un análisis detallado de cada caso, con entrevistas y evaluaciones presenciales a cargo de médicos del PAMI en todo el país. Posteriormente, la información recopilada se procesará para decidir qué pensiones deben ser suspendidas o mantenidas.
Antecedentes y acciones previas en Chaco
En diciembre, la ANDIS anunció la baja de casi 1800 beneficiarios en Chaco por irregularidades en el sistema. Según Manuel Adorni, vocero oficial, el 70% de las pensiones en esa provincia se otorgaron de manera incorrecta o fraudulenta. De los 2689 convocados a revisión, solo el 13.58% cumplió con los requisitos para seguir recibiendo el beneficio. En julio, el Gobierno ya había identificado una actividad fraudulenta a gran escala, estimando un desvío de fondos por US$3400 millones, lo que condujo a la actual auditoría total sobre 1.223.864 beneficiarios.
