El Gobierno de Javier Milei oficializó el 28 de mayo de 2025 una reforma migratoria mediante el Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida introduce cambios significativos en la Ley de Migraciones N° 25.871, con el objetivo de endurecer los criterios para la residencia de extranjeros y facilitar los procesos de deportación para aquellos que cometan delitos en el país.
Principales modificaciones del decreto:
- Acceso a servicios públicos: Se establece que los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos. Sin embargo, en los establecimientos de salud administrados por el Estado Nacional, solo se brindará atención médica habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, según lo determine el Ministerio de Salud.
- Educación: Los extranjeros residentes permanentes podrán acceder a la educación pública en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos. Además, se reafirma que los estudios de grado en universidades de gestión estatal serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos y para los extranjeros con residencia permanente en el país.
- Declaración jurada al ingresar al país: Se requiere que los extranjeros presenten una declaración jurada al ingresar al país, manifestando los motivos de su entrada y comprometiéndose a no desvirtuarlos.
- Control de documentación: Se refuerza el control sobre la documentación presentada por los inmigrantes, exigiendo que sea auténtica y veraz.
- Condiciones para la permanencia y naturalización
- Residencia permanente: Los extranjeros que deseen obtener la residencia permanente deberán cumplir con requisitos más estrictos, incluyendo la demostración de medios de vida lícitos y la ausencia de antecedentes penales.
- Naturalización: Los extranjeros mayores de 18 años que hayan residido en el país por un mínimo de dos años consecutivos podrán solicitar la naturalización. Además, aquellos que hayan realizado inversiones significativas en el país podrán acceder a este proceso sin necesidad de cumplir con el requisito de tiempo de residencia.
Estas reformas han generado controversia. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación, argumentando que las nuevas medidas podrían restringir los derechos de los inmigrantes y afectar su acceso a servicios básicos. Por otro lado, el Gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad y el orden público en el país.
La implementación de estas reformas marcará un cambio significativo en la política migratoria de Argentina, con implicaciones tanto para los inmigrantes como para la sociedad en general.
