En Mendoza, un desafío viral en YouTube derivó en una denuncia de abuso sexual por una ONG de EEUU. Ahora, el abogado de la acusada pide que sea sobreseída
Hace un poco más de un mes, en el pueblo de Tupungato, Mendoza comenzó un calvario para toda una comunidad de 32 mil habitantes. La vicedirectora de un colegio había sido detenida por intentar subir a YouTube un video de presunto abuso infantil, a nada menos que su propia nieta.
La vicedirectora había sido detenida y acusada luego de que una ONG de EEUU alertara a las autoridades locales y la principal prueba en su contra fuera un teléfono incautado en su casa. Según el abogado defensor, Juan Ferrari, la detención de la docente fue un terrible malentendido provocado por un “desafío viral”.
Horas después de la detención, la investigación dio un giro inesperado. La menor en una sesión de Cámara Gesell, confesó que había realizado la grabación y que, sin saberlo, había utilizado el celular de su abuela. También reveló que este tipo de “desafíos” eran comunes entre otras niñas de su escuela.
Tupungato, Valle de Uco, Mendoza, el pueblo que fue sacudido por un confuso y doloroso episodio judicial.
El teléfono incautado no era de uso cotidiano, sino un viejo dispositivo que la docente y su esposo tenían guardado en un cajón. Fue este aparato el que la nieta de 11 años tomó para grabarse a sí misma como parte del desafío viral que circulaba entre sus compañeras. Al intentar subir el video, la alerta internacional se activó gracias a una ONG estadounidense, y la Justicia mendocina, creyendo estar frente a un caso de abuso procedió con el allanamiento y la detención de la vicedirectora.
La condena social de Tupungato con la vicedirectora
La confesión de la menor junto con la entrega voluntaria del dispositivo, era prueba suficiente para que la acusación contra la docente fuese un enorme mal entendido. A pesar de ser liberada a las pocas horas, el daño ya estaba hecho: fue removida de su cargo de vicedirectora, suspendida sin goce de sueldo y perdió la oportunidad de concursar por la dirección titular de la escuela, afectando además sus planes de jubilación.
Según el relato de Ferrari, su clienta fue reasignada a tareas administrativas, a pesar de estar a solo dos años de jubilarse. El abogado remarcó que no puede salir a hacer compras en Tupungato sin ser juzgada por los vecinos y subrayó que no es un caso aislado: “La (Dirección General de Escuelas en el ámbito educativo de Argentina) DGE tiene la responsabilidad de proteger a los menores y a sus familias ante situaciones de vulnerabilidad” dijo. Ante esta situación, el fiscal del caso Pablo Fossarolli, solicitó formalmente el sobreseimiento de la vicedirectora. Aunque se esperan pericias informáticas para confirmar los hechos, la Justicia no volverá a someter a la menor a una nueva declaración.
De confirmarse la solicitud, podría cerrarse el caso en estos días y al menos una parte del calvario que sufre la familia de la vicedirectora, una nueva muestra del enorme poder de las redes sociales y como algo tan simple como un “reto viral” puede tener consecuencias tan graves.
