Este martes, habrá una jornada de protesta y el miércoles se llevará a cabo un paro de 24 horas en todo el país. En Misiones, el secretario general de Adunam, Pablo Ruben Stasuk dijo a RADIO A que ” una vez más estamos reclamando una resolución”.
“Hay una negación del Gobierno nacional que está dilatando la aplicación del Financiamiento Universitario. Hay una desazón en los docentes que va a influir en las medidas a tomar”, sostuvo además. “Hoy el énfasis está puesto en el atraso salarial”, finalizó.
El Gobierno promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica (también conocida como Ley Garrahan) y de financiamiento universitario, ambas ratificadas por el Congreso el 2 de octubre luego de que los legisladores rechazaran los vetos del presidente Javier Milei.
No obstante, su aplicación quedó postergada hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026.
Se espera que docentes, estudiantes y organizaciones sociales se sumen a las medidas de fuerza para reforzar el reclamo contra el Gobierno. La ley recibió la aprobación del Congreso, luego del veto del Poder Ejecutivo, gracias al voto favorable de más de dos tercios de cada una de las Cámaras. Algunas universidades pararán tanto el martes como el miércoles.
La ley de Financiamiento Universitario apunta a la reapertura de paritarias para docentes y nodocentes (paralizadas desde octubre del año pasado); actualizar fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.
Según la OPC, el impacto presupuestario del proyecto de ley para este año sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI.
Durante la sesión de este jueves, el Senado también rechazó el veto a la ley de Emergencia en Salud Pediátrica, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, y la recomposición del sistema de residencias médicas.
La iniciativa exige fondos para “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo”, “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud” y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión anualizada de esa erogación alcanzaría los $133.433 millones.
