Inició este martes el juicio contra dos dirigentes gremiales docentes, Mónica Gurina y Leandro Sánchez, a quienes se los procesó por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra en concurso ideal” por haber participado en el acampe en la avenida Uruguay en el marco de la protesta salarial de 2024.
Son los únicos docentes que van al banquillo pese a que miles de educadores se sumaron a la protesta.
En el juicio oral interviene el Juzgado Correccional y de Menores N° 1, a cargo de la Jueza Marcela Leiva. Desde las 7.30 de la mañana, los gremios docentes que integran el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) convocaron a las bases para acompañar a Gurina y Sánchez frente al Palacio de Justicia de Posadas con la consigna: “Reclamar salario es un derecho, no un delito”.
El Sum del Palacio de Justicia fue el lugar elegido para que esta mañana comenzara el juicio por “desobediencia judicial” contra los docentes y dirigentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez. Acompañados de sus abogados defensores, ambos rechazaron la propuesta de suspender el juicio a prueba.
“No somos culpables de nada, solo pedíamos un salario digno”, recalcó Sanchez al referirse a las manifestaciones docentes sobre la avenida Uruguay entre el 1 y 4 de junio del 2024 que habrían desencadenado en la causa judicial y en la elevación a juicio. La dirigente de CTA Autónoma sumó que “la causa no es individual, es colectiva, y por eso no aceptamos la probation”.
La sala por poco quedó chica para la convocatoria que se logró en las afueras del Palacio. Sindicalistas a nivel nacional, incluido el ex diputado y economista Claudio Lozano, aterrizaron en Misiones para acompañar estos 3 días de audiencia.
En esa línea la fiscalía pidió que sea citado a declarar el gerente de la empresa Tipoka para que cuente “qué perjuicios provocó” el acampe docente sobre la avenida Uruguay en junio del 2024, por el que están procesados Gurina y Sanchez.
Fuente ET y PE
