Un juez federal declaró la nulidad de los protocolos antipiquetes impulsados por Patricia Bullrich. La decisión fue adoptada por Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, al hacer lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En su resolución, el magistrado sostuvo que las medidas vulneran garantías constitucionales al habilitar intervenciones policiales sin orden judicial y al afectar derechos fundamentales. Cormick citó principios de la Constitución Nacional vinculados a la defensa en juicio, la libertad personal y la prohibición de obligar a las personas a hacer aquello que la ley no manda ni a ser privadas de lo que no prohíbe.
El fallo también recogió los argumentos de los organismos demandantes, que advirtieron que el protocolo implicaba una represalia estatal no prevista en ninguna norma. Según el planteo, las medidas funcionaban como mecanismos extorsivos y desproporcionados, especialmente dirigidos a personas en situación de pobreza, al vincular la protesta social con posibles sanciones en el acceso a derechos y sistemas de protección social.
Qué establecía el protocolo antipiquetes declarado inválido
El esquema diseñado por Bullrich habilitaba la intervención directa de las cuatro fuerzas federales, junto al Servicio Penitenciario Federal, ante cualquier corte o bloqueo de la vía pública, total o parcial, sin necesidad de orden judicial previa. El objetivo declarado era el despeje inmediato mediante el uso de una fuerza considerada “mínima y suficiente”, con posibilidad de escalar según la resistencia de los manifestantes.
El protocolo preveía además la identificación obligatoria de quienes participaran en las protestas, así como de organizadores e instigadores. También autorizaba el relevamiento de vehículos utilizados para el traslado de manifestantes, con eventuales sanciones que incluían la retención o incautación de los transportes.
Asimismo, establecía la notificación a la Justicia ante presuntos daños ambientales, como la quema de neumáticos, y la intervención de organismos de protección cuando hubiera presencia de niños, niñas o adolescentes. En esos casos, se contemplaban sanciones para los adultos responsables, uno de los puntos más cuestionados por el CELS en la acción judicial.
