La iniciativa obtuvo 40 votos a favor y 31 en contra, con una abstención. Los tres senadores por Santa Cruz votaron negativamente. El debate expuso fuertes divisiones internas y cuestionamientos por modificaciones de último momento.
En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto que modifica la Ley Nacional de Glaciares (26.639). La votación en general y en particular arrojó 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, por lo que ahora la definición quedará en manos de la Cámara de Diputados.
La única abstención fue de la neuquina Julieta Corroza. El oficialismo de La Libertad Avanza contó con el respaldo de sectores de la UCR, el PRO, bloques provinciales y también de senadores peronistas vinculados a provincias con fuerte desarrollo minero.
Entre los votos afirmativos se destacaron los de la catamarqueña Lucía Corpacci y el sanjuanino Sergio Uñac, quienes acompañaron la iniciativa luego de que el interbloque peronista otorgara libertad de acción. También apoyaron el proyecto legisladores radicales y provinciales, además de representantes de espacios aliados al Gobierno nacional.
En la vereda opuesta, los tres senadores por Santa Cruz votaron en contra: Alicia Kirchner (Unión por la Patria) y José María Carambia y Natalia Gadano (Movere). La postura común de la representación santacruceña marcó una diferencia respecto de otros legisladores de provincias mineras.
Uno de los artículos más cuestionados fue el séptimo del dictamen, que recibió modificaciones horas antes de la votación. Ese punto habilita a cada provincia a determinar la autoridad de aplicación, encargada de identificar sobre la base de criterios técnico-científicos, los glaciares y ambientes periglaciares que cumplan funciones hídricas estratégicas, como la reserva de recursos o la recarga de cuencas. Quedan exceptuadas las áreas protegidas bajo la Ley 22.351 de Parques Nacionales.
Quienes defendieron la reforma sostuvieron que los recursos naturales son dominio de las provincias y que la norma busca otorgar mayor autonomía a las jurisdicciones para definir su desarrollo productivo. Argumentaron además que la Argentina necesita generar condiciones para atraer inversiones de gran escala, en un contexto económico complejo.
En cambio, sectores opositores y legisladores críticos advirtieron que la redacción abre la puerta a interpretaciones amplias y podría debilitar la protección ambiental, al otorgar mayor margen de decisión a los gobiernos provinciales frente a eventuales intereses empresariales. También señalaron que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) podría perder centralidad en la determinación de zonas protegidas.
La sesión estuvo atravesada por la polémica. Desde el interbloque opositor se reclamó la lectura completa del dictamen con cambios que, según denunciaron, fueron distribuidos poco antes del cierre del debate. Esto generó cuestionamientos por el procedimiento parlamentario.
Tras más de cuatro horas de discusión, el resultado en general se replicó en las votaciones en particular de los artículos. Con la media sanción ya otorgada, el proyecto continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde se definirá si las modificaciones a la Ley de Glaciares se convierten en ley.
