El Gobierno oficializó un nuevo esquema de retiro voluntario dirigido al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), con el objetivo de avanzar en la reducción de la planta del Estado.
La iniciativa quedó establecida mediante la resolución 68/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que crea el denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR). El mecanismo permite que empleados del organismo acuerden la finalización definitiva de su relación laboral por mutuo acuerdo.
La medida se inscribe dentro de las políticas de reorganización administrativa impulsadas por el Ejecutivo y sigue lineamientos de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda.
El programa alcanza a trabajadores de ANSES que cuenten con al menos dos años de antigüedad dentro del organismo.
La implementación estará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos, que deberá llevar adelante los procedimientos operativos y aprobar los modelos de acuerdos de desvinculación que firmarán los empleados.
Según establece la normativa, los acuerdos deberán celebrarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). Para ello, se habilita a los representantes legales del organismo a intervenir en nombre de ANSES durante el proceso.
El plan fue aprobado tras un proceso administrativo que incluyó evaluaciones técnicas, análisis jurídico y revisión de su factibilidad presupuestaria, en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 y del Convenio Colectivo de Trabajo de ANSES N.º 305/98 “E”.
El anexo que acompaña la resolución establece que la adhesión es estrictamente voluntaria, aunque su aprobación final depende de la evaluación de ANSES, por lo que no genera un derecho automático a acceder al beneficio.
Quiénes no pueden acceder
La normativa establece varias exclusiones. No podrán adherirse al programa quienes tengan procesos penales por delitos contra la administración pública, los empleados involucrados en sumarios disciplinarios, quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o presentado su renuncia, ni aquellos que superen los 62 años.
Tampoco podrán incorporarse quienes mantengan litigios laborales pendientes con el organismo, salvo que renuncien expresamente a esas acciones judiciales.
Además, el esquema establece que quienes se sumen al retiro no podrán volver a trabajar en el sector público nacional durante cinco años, ya sea bajo relación de dependencia o cualquier modalidad contractual.
El acuerdo implica la extinción definitiva del vínculo laboral, y el trabajador deberá declarar que no mantiene reclamos pendientes contra el organismo.
En el caso de los empleados con representación gremial, la normativa exige renunciar a los cargos sindicales y a la tutela sindical para acceder al programa.
Condiciones de pago
El plazo para adherirse al plan se extenderá hasta el 5 de abril. En los casos de trabajadores que se encuentren con licencia anual ordinaria o por maternidad, la firma del acuerdo podrá realizarse una vez finalizado ese período.
La compensación económica consistirá en una gratificación extraordinaria equivalente al 90% del salario bruto por cada año de antigüedad efectiva en ANSES, calculada sobre los conceptos salariales habituales.
El beneficio tendrá un tope de 24 haberes brutos.
Según detalla la resolución, el pago se realizará en una única cuota hasta un máximo de $80.000.000. Si el monto supera esa cifra, el dinero será abonado en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
El plan forma parte de la estrategia del Gobierno para avanzar con la reducción de personal en organismos públicos, en el marco del proceso de reorganización del Estado que el Poder Ejecutivo viene impulsando durante el primer trimestre del año.
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