La medida impulsa la renegociación de convenios colectivos vencidos, establece nuevos controles sobre los sindicatos y avanza en la digitalización de distintos procedimientos laborales.
El Gobierno reglamentó una parte sustancial de la Ley de Modernización Laboral mediante el Decreto 407/2026, una norma que busca poner en marcha varios de los cambios aprobados por el Congreso y que impactan de manera directa sobre trabajadores, sindicatos, empresas y distintos sectores productivos.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece nuevas reglas para la negociación colectiva, endurece los controles sobre las organizaciones sindicales, impulsa la digitalización de diversos trámites laborales y redefine competencias en actividades como el trabajo en plataformas digitales y la construcción.
Convocan a renegociar convenios colectivos vencidos
Uno de los puntos más relevantes del decreto es la implementación del artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral, que prevé la renegociación de convenios colectivos de trabajo que hayan vencido.
La Secretaría de Trabajo deberá iniciar en un plazo de 30 días el procedimiento de convocatoria para revisar aquellos acuerdos cuyo período de vigencia haya expirado. Incluso, en los casos donde los convenios no establezcan una fecha concreta de vencimiento, la autoridad podrá tomar como referencia el 31 de diciembre de 2026 para impulsar el proceso de renegociación.
Nuevos límites para aportes y contribuciones sindicales
Otro de los cambios significativos está relacionado con los aportes económicos previstos en los convenios colectivos.
El decreto establece que todas las contribuciones, cuotas, fondos o retenciones destinadas a sindicatos, cámaras empresarias, institutos o entidades vinculadas deberán computarse de manera conjunta para verificar que no superen los límites legales.
Además, se dispone que los convenios que excedan esos topes deberán adecuarse y que no serán homologados nuevos acuerdos que los sobrepasen.
La reglamentación también ratifica que los aportes empresariales a entidades patronales solo serán obligatorios para aquellas compañías que se encuentren afiliadas a dichas organizaciones.
Más controles sobre los sindicatos
La norma introduce modificaciones en la reglamentación de la Ley de Asociaciones Sindicales con el objetivo declarado de fortalecer la transparencia y la representatividad.
Entre otras medidas, se establece que los sindicatos deberán acreditar de manera más rigurosa la cantidad de afiliados, permitiendo a la autoridad laboral contrastar la información con los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
También se fija que, cuando dos organizaciones sindicales compitan por una misma representación, el sindicato que pretenda obtener la personería gremial deberá demostrar que cuenta con al menos un 5% más de afiliados cotizantes que la entidad que ya posee ese reconocimiento.
A su vez, se incorpora el criterio de que las conducciones sindicales mantengan una proporción razonable entre la cantidad de dirigentes y el número de afiliados.
Cambios en la tutela sindical
El decreto modifica aspectos vinculados a la protección especial que poseen los representantes gremiales y candidatos sindicales.
A partir de ahora, la candidatura de un trabajador solo será oponible al empleador cuando la organización sindical comunique formalmente esa postulación.
Asimismo, se establece que quienes no logren la oficialización definitiva de sus candidaturas o alcancen menos del 5% de los votos válidos emitidos podrán perder la protección sindical prevista por la legislación vigente.
La reglamentación también habilita a los empleadores a solicitar judicialmente la suspensión de la tutela gremial en situaciones donde exista un riesgo potencial para personas, bienes o para el normal funcionamiento de la empresa.
Avance de la digitalización laboral
Dentro del paquete de medidas, el Gobierno impulsa una mayor digitalización de las relaciones laborales.
En materia de salud laboral, los certificados médicos que indiquen reposo deberán emitirse de manera electrónica mediante plataformas registradas y ser suscriptos por profesionales habilitados.
Además, se promueve la utilización de sistemas digitales para notificaciones, comunicaciones y documentación laboral, con el objetivo de reducir trámites administrativos y mejorar la trazabilidad de la información.
Plataformas digitales bajo la órbita de Transporte
La reglamentación también define la autoridad de aplicación para el régimen de servicios privados de movilidad y reparto que utilizan plataformas tecnológicas.
En este esquema, la Secretaría de Transporte será la encargada de aplicar las disposiciones vinculadas a la actividad de los prestadores independientes, mientras que la Secretaría de Trabajo conservará facultades relacionadas con eventuales convenios colectivos del sector.
La medida consolida el régimen especial previsto para choferes y repartidores que operan mediante aplicaciones, una actividad que quedó expresamente excluida de la Ley de Contrato de Trabajo.
Cambios para la construcción y el trabajo agrario
Otro de los aspectos destacados es la transferencia de la registración laboral de los trabajadores de la construcción hacia la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
De esta manera, las altas, bajas y modificaciones de las relaciones laborales del sector pasarán a realizarse a través de los sistemas del organismo recaudador, mientras que el IERIC tendrá un rol complementario durante el período de transición.
En paralelo, el decreto unifica el régimen de asignaciones familiares de los trabajadores agrarios con el sistema general, equiparando prestaciones, requisitos y topes.
Una nueva etapa de la reforma laboral
Desde el Gobierno sostienen que las modificaciones buscan modernizar el sistema laboral argentino, simplificar procedimientos administrativos, promover la formalización del empleo y adaptar la normativa a las nuevas formas de organización del trabajo.
Sin embargo, varios de los cambios vinculados a la negociación colectiva, el financiamiento sindical y la tutela gremial podrían convertirse en puntos de debate entre el Ejecutivo, las organizaciones sindicales y distintos sectores políticos, anticipando un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del mercado laboral argentino.
