La Provincia de Misiones puso en vigencia la Ley VIII – Nº 122 de Producción de Proteínas Vegetales para la Alimentación Animal. El decreto de promulgación, publicado en el Boletín Oficial, llevó las firmas del gobernador Hugo Passalacqua y del ministro de Coordinación General de Gabinete, Carlos Sartori. La norma sancionada por la Cámara de Representantes también contó con la firma de su presidente, Sebastián Macias.
La ley tiene como objetivo promover la producción sustentable y el procesamiento en origen de cultivos destinados a la obtención de proteínas vegetales para la alimentación animal. Además, apunta a incrementar la disponibilidad local de insumos proteicos para las cadenas ganaderas provinciales.
La normativa establece que todas las acciones deberán desarrollarse conforme a criterios de sustentabilidad ambiental. En ese sentido, prioriza la conservación y recuperación del suelo, la protección de los recursos hídricos, la preservación de la biodiversidad y el uso racional de los recursos naturales. Asimismo, dispone que las prácticas productivas sean compatibles con la protección de los ecosistemas y otorga prioridad a superficies previamente afectadas a usos productivos.
El alcance de la nueva ley
La ley alcanza a cultivos forrajeros, cultivos graníferos y otras especies vegetales aptas para obtener proteínas destinadas a la alimentación animal. Además, habilita a la autoridad de aplicación a incorporar sistemas de producción innovadores, incluido el forraje verde hidropónico y otras tecnologías respaldadas por criterios técnicos, productivos y ambientales.
Por otra parte, la norma crea el Programa Provincial de Producción de Proteínas Vegetales como herramienta para fomentar la producción sustentable y el procesamiento en origen. Entre sus objetivos incluyó incrementar la disponibilidad local de insumos proteicos, integrar la producción agrícola con las cadenas bovina, ovina, caprina, porcina y aviar, además de promover el agregado de valor, el empleo y el desarrollo territorial.
El programa también impulsa el fortalecimiento del asociativismo entre pequeños y medianos productores, cooperativas y otras formas asociativas. A la vez, buscó contribuir al desarrollo económico y a la generación de saldos exportables.
La ley facultó al Poder Ejecutivo, mediante los organismos competentes, a establecer exenciones o beneficios tributarios e instrumentar incentivos financieros para personas humanas o jurídicas alcanzadas por el programa.
Finalmente, la norma designó como autoridad de aplicación al Ministerio del Agro y la Producción. Entre sus funciones figuran la planificación de políticas de promoción, la asistencia técnica, la capacitación, la investigación, el procesamiento en origen, la articulación institucional y la promoción comercial de la producción provincial en mercados provinciales, nacionales e internacionales.
