La nueva normativa incorpora como causal de inadmisión y expulsión las expresiones de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino y los actos de ultraje a los símbolos patrios.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 681/2026, que habilita al Estado argentino a rechazar el ingreso o expulsar del país a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina, sus ciudadanos o sus símbolos nacionales. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y comunicada por la Oficina del Presidente.
Según informó el Gobierno nacional, la disposición surge en el marco de recientes episodios que fueron interpretados como agravios hacia la República Argentina y sus habitantes. El Ejecutivo sostuvo que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus emblemas constituye un principio central de la política oficial.
“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó el Presidente en el comunicado difundido por la Oficina del Presidente.
Qué establece el decreto
La nueva norma incorpora como causal de prohibición de ingreso y expulsión a los extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio de forma oral o escrita, o que hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por razones vinculadas a su nacionalidad.
También alcanza a quienes participen en actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales o inciten a otros a realizarlos.
De acuerdo con el texto oficial, estas conductas podrán derivar tanto en la denegación de ingreso al territorio argentino como en la cancelación de una residencia ya otorgada.
Posibles consecuencias para los residentes
El decreto establece que los extranjeros alcanzados por estas causales podrán perder su residencia en el país. En esos casos, las autoridades podrán intimarlos a abandonar el territorio nacional dentro del plazo que se determine o disponer directamente su expulsión, teniendo en cuenta las circunstancias de cada situación.
El artículo 3 de la norma señala que la cancelación de la residencia conlleva la obligación de dejar el país o la expulsión, según corresponda.
Desde la Casa Rosada remarcaron que la Argentina mantiene una tradición histórica de apertura hacia los extranjeros, pero destacaron que el Estado conserva la facultad soberana de fijar condiciones para la admisión, permanencia y expulsión de personas extranjeras cuando considera que están en juego el orden público, la seguridad interior o la cohesión social.
El argumento del Gobierno
La Oficina del Presidente sostuvo que el endurecimiento de las condiciones migratorias busca preservar la integridad social, la convivencia y el respeto hacia la Argentina y sus símbolos.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno afirmó que la soberanía nacional y el respeto por los emblemas patrios son valores que deben ser protegidos y que no admiten excepciones.
Al tratarse de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la medida deberá ser enviada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que cuenta con un plazo de 10 días hábiles para emitir un dictamen sobre su validez o invalidez y elevarlo posteriormente a ambas cámaras legislativas.
Con esta decisión, el Ejecutivo incorporó nuevas causales migratorias vinculadas a manifestaciones consideradas ofensivas hacia la Argentina y reforzó los criterios para autorizar el ingreso o la permanencia de extranjeros en el país.
