Ante unos 200 empresarios de todo el país, directivos de CADAM cuestionaron el Decreto 612/2026, que reglamenta los aportes obligatorios que, en principio, el Gobierno había impulsado para que fueran voluntarios. “Pedimos coherencia entre los objetivos anunciados por el Gobierno al impulsar la modernización laboral y la reglamentación posterior”, sostuvieron los empresarios, y advirtieron que, por cada $2.128.749,84 que se aporta por un trabajador, este recibe en mano apenas el 65,67%, es decir, $1.397.943.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su profunda preocupación y rechazo ante el alcance del Decreto 612/2026, dictado por el Poder Ejecutivo, al considerar que implica un retroceso respecto de una medida reclamada por los empresarios e impulsada originalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger. Según la entidad, la medida termina desvirtuando uno de los objetivos centrales planteados originalmente por la reforma laboral: evitar que los empleadores sean obligados a financiar estructuras, que aumentan el costo laboral.
Y es que, por cada empleado de comercio, las empresas están obligadas a realizar aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), aunque el empleado no reciba capacitación. Con ese argumento, se recaudan más de $30.000 millones al año, que se distribuyen entre determinadas cámaras empresarias, aun cuando las empresas no quieran asociarse a ellas.
“No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan. Una cosa es que una empresa decida asociarse voluntariamente y aportar a una cámara o institución que defiende sus intereses, y otra muy diferente es imponerle una contribución mediante una negociación colectiva en la que no participó”, sostuvo la entidad.
CADAM recordó que el proyecto de ley original de la reforma laboral establecía expresamente que los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores tendrían carácter estrictamente voluntario. Sin embargo, durante el tratamiento legislativo se produjeron modificaciones sustanciales.
En una versión posterior, la voluntariedad quedó diferida hasta el 1° de enero de 2028, pero, finalmente, el texto sancionado por el Congreso estableció que los aportes, contribuciones y otros conceptos previstos en las convenciones colectivas en beneficio directo o indirecto de cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores.
De esta manera, se pasó de establecer su carácter “voluntario” a fijar un tope y, posteriormente, mediante el Decreto 612/2026, se estableció que las contribuciones y aportes que los empleadores se comprometan a efectuar en el marco de Convenios Colectivos de Trabajo deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores.
“Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto”, advirtieron.
