Los gremios docentes que forman parte de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocaron a un paro nacional de 48 horas para esta semana (el 27 y 28 de agosto) por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Las medidas de fuerza se suman a una disputa que ya involucró a todos los poderes del Estado: el Ejecutivo de Javier Milei, que se niega a pagar; el Congreso, que emitió y ratificó después de un veto la ley de financiamiento; y la Corte Suprema, que ratificó que la norma debe cumplirse.
Una reunión prevista para este lunes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) buscaba que la medida fuera de conjunto de todos los sectores que conforman la comunidad universitaria.
El director del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Felipe Vega Terra, remarcó que, pese a todos los fallos judiciales y la ley, los fondos siguen sin aparecer. Los docentes universitarios denuncian que ya pasaron más de 300 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento.
Por eso, se avanza con nuevos paros. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), Pablo Perazzi, sostuvo que la idea es tratar de tener “acciones coordinadas entre todos los sindicatos docentes y no docentes, para encaminarnos a una nueva marcha nacional universitaria”.
Uno de los principales ejes de la protesta es el notorio deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Los aumentos otorgados durante los últimos meses quedaron por debajo de la inflación y fueron siempre sin paritarias.
Las estimaciones de las entidades gremiales señalan que los trabajadores del sector sufrieron una pérdida cercana a un tercio de su poder adquisitivo desde que asumió la presidencia Javier Milei, por lo que requerirían un incremento superior al 50% para equiparar el nivel de compra que tenían en diciembre de 2023.
La situación impacta especialmente en los cargos de menor dedicación, cuyos ingresos se encuentran muy lejos de los costos de vida actuales. Incluso los docentes con dedicación exclusiva, que perciben los salarios más altos dentro del sistema universitario, enfrentan dificultades para equiparar sus ingresos con el aumento sostenido del costo de vida.
Desde las universidades también advierten sobre otro efecto del conflicto: la salida de docentes e investigadores altamente calificados. Según el CIN, desde que asumió Milei más de diez mil docentes e investigadores renunciaron a sus cargos en universidades nacionales. Solo en la Facultad de Ciencias Exactas hubo 438 renuncias, y en la UTN, más de mil.
Para los representantes universitarios, la pérdida de estos perfiles no solo afecta la calidad educativa, sino también la producción científica y tecnológica desarrollada en las universidades nacionales.
Todo esto se debe a que las casas de estudio no perciben las transferencias presupuestarias previstas por la ley ratificada en octubre del 2025, lo que tiene un impacto directo sobre los gastos de funcionamiento diario de las instituciones públicas y sobre las partidas destinadas a los sueldos del personal académico y los programas de becas estudiantiles.
Tras cinco días de paro por parte de los trabajadores que integran la Conadu Histórica, realizado del 18 al 22 de agosto, los trabajadores de las universidades públicas continúan reclamando sus derechos y le exigen al gobierno libertario que cumpla con lo impuesto por los poderes Legislativo y Judicial, los cuales han ratificado el deber del Ejecutivo para pagar los aumentos correspondientes según marca la ley N.º 27.795.
La convocatoria al paro coincide con una nueva instancia de discusión judicial sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Días atrás, una audiencia convocada por el juez federal Martín Cormick volvió a poner el foco sobre el cumplimiento de la norma, mientras los gremios sostienen que el Gobierno busca dilatar su implementación, como viene haciendo desde hace más de 300 días.
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