La iniciativa sobre los consumidores, impulsada por la diputada Carolina Butvilofsky y otros legisladores, incorpora el artículo dos bis a la legislación provincial y contempla situaciones en las que determinadas personas enfrentan mayores dificultades para ejercer sus derechos frente a proveedores. La norma incluye factores como edad, género, estado físico o mental, condición socioeconómica, discapacidad, nivel educativo y contexto cultural y territorial.
Butvilofsky explicó que la reforma reconoce que las condiciones de acceso a bienes y servicios no resultan iguales para todas las personas. “Todos somos iguales frente a la ley, pero no todos somos iguales desde el mismo lugar”, sostuvo, y ejemplificó con las diferencias que puede enfrentar una persona mayor que no utiliza internet frente a otra familiarizada con herramientas digitales, especialmente ante operaciones financieras y contrataciones mediante plataformas tecnológicas.
