La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para el jueves 15 de octubre. La medida afectará el funcionamiento de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales e incluirá movilizaciones en las principales ciudades del país. El reclamo central será la derogación completa del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión.
La protesta coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, que reclamará el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y recursos para las universidades públicas.
La conducción nacional de ATE formalizó la convocatoria mediante una comunicación presentada ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende del Ministerio de Capital Humano. El documento, fechado el 9 de octubre, fue dirigido al secretario Julio Cordero y lleva las firmas de Rodolfo Aguiar, secretario general de la organización, y Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta.
En la notificación, el gremio anunció una “Jornada Nacional de Lucha de 24 horas con Paros, Asambleas y Movilizaciones” en toda la Administración Pública Nacional. La medida alcanzará a organismos centrales, desconcentrados y descentralizados, entes, empresas y sociedades del Estado, además de administraciones provinciales y municipales. Cada conducción distrital definirá las modalidades de protesta.
La convocatoria también comprende a trabajadores de organismos vinculados con el transporte, entre ellos la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), controladores aéreos y personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). De acuerdo con el anuncio sindical, en este último organismo se garantizarán únicamente los vuelos sanitarios y de Estado.
ATE anticipó, además, restricciones en la atención del PAMI y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde se atenderían exclusivamente emergencias. La medida incluye a radiooperadores de medios públicos, personal dedicado al manejo de incendios forestales y trabajadores encargados del mantenimiento de plantas nucleares. Los servicios provinciales y municipales también podrían sufrir interrupciones, según las decisiones de cada representación sindical.
El conflicto se desarrollará en simultáneo con una sesión especial convocada por bloques opositores de la Cámara de Diputados para el jueves a las 14. El temario incluye el tratamiento del DNU 70/23, iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las familias y una propuesta para prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027.
La principal incógnita parlamentaria será la posibilidad de reunir los 129 diputados necesarios para el quórum. El peronismo, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, la izquierda y otras bancadas impulsaron la convocatoria. El oficialismo busca evitar que avance el rechazo del decreto y mantiene conversaciones con aliados y representantes de las provincias.
El DNU 70/23 fue rechazado por el Senado en marzo de 2024. Una votación negativa de la Cámara de Diputados completaría el procedimiento previsto por la legislación que regula el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia y dejaría sin vigencia la norma, con los alcances y efectos establecidos por esa ley.
Uno de los focos de la controversia es la Ley de Tierras, derogada por el artículo 154 del decreto presidencial. La norma establecía restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales, incluido un límite del 15 % de la superficie a nivel nacional, provincial y municipal, además de otras condiciones para la adquisición de propiedades rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras.
La discusión sumó un capítulo judicial durante octubre. Tras una resolución anterior de la Corte Suprema sobre la legitimación de quienes cuestionaban la derogación, el máximo tribunal dictó una medida cautelar interina que suspendió los efectos del artículo 154 del DNU y restableció de forma provisoria la aplicación de la Ley de Tierras.
La decisión modificó el escenario previo a la sesión de Diputados. Mientras la oposición mantuvo su intención de discutir la totalidad del decreto, el Gobierno consideró que la resolución judicial podía reducir los respaldos necesarios para habilitar el debate. La cautelar, de carácter transitorio, dejó pendiente una definición final de la controversia.
Fuente Infobae
