La Legislatura sancionó por unanimidad un cronograma que comenzará en noviembre de 2026 y deberá completar los aumentos pendientes en julio de 2027. El diputado José Luis Pastori destacó el consenso entre los bloques y los gremios. La Provincia fijó plazos para regularizar los haberes mientras continúa el reclamo a Nación por una deuda previsional que podría rondar los $500 mil millones.
La Cámara de Representantes de Misiones aprobó este jueves, con 38 votos a favor, una ley que establece un cronograma para regularizar las movilidades jubilatorias pendientes de los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS). La norma modifica el artículo 10 de la Ley VII N.º 103 y fija fechas concretas para aplicar los ajustes, sin dejar su cumplimiento atado indefinidamente a las transferencias adeudadas por el Gobierno nacional.
El texto surgió de la unificación de cuatro proyectos legislativos y de reuniones con representantes sindicales, trabajadores activos, jubilados y pensionados. Durante el debate, el diputado José Luis Pastori, del bloque Movimiento por lo que Viene, actuó como miembro informante del dictamen de la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos, que había alcanzado un respaldo unánime.
“Es una herramienta de consenso y de madurez institucional”, afirmó el legislador, quien destacó que la propuesta se construyó a partir del diálogo entre los distintos espacios políticos y los sectores afectados.
El cronograma establece tres etapas para actualizar los haberes. En noviembre de 2026 deberá hacerse efectivo, como mínimo, el 25% de las movilidades pendientes; en marzo de 2027, el porcentaje deberá alcanzar al menos el 50%; y en julio de ese año tendrá que completarse la totalidad de los ajustes adeudados.
Además, desde el 31 de julio de 2027 dejará de regir el condicionamiento que vinculaba estos pagos al cumplimiento de los compromisos financieros de Nación con la caja previsional provincial.
Pastori remarcó que la ley busca dar previsibilidad a los jubilados y pensionados que esperan la aplicación de los aumentos. Según explicó, durante aproximadamente un mes y medio se realizaron encuentros con sindicatos y beneficiarios para discutir alternativas y definir plazos posibles.
“Encontramos un punto de equilibrio entre lo pretendido y lo posible. Esas inquietudes las transformamos en letra, en ley”, sostuvo. También destacó los aportes técnicos de las organizaciones gremiales y el acompañamiento de los distintos bloques.
La sanción se produce en medio del conflicto entre Misiones y el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema previsional provincial. La Provincia mantiene el reclamo por los recursos destinados a cubrir el déficit de su caja jubilatoria, mientras que la falta de transferencias nacionales profundizó las dificultades para afrontar las actualizaciones de los haberes.
Durante el tratamiento de la iniciativa, Pastori estimó que la deuda previsional nacional con Misiones, que ubicó en unos $300 mil millones a fines de 2024, podría rondar actualmente los $500 mil millones. Se trata de una estimación expresada por el legislador.
El diputado sostuvo que la Provincia debe avanzar con una solución para los beneficiarios del IPS sin abandonar el reclamo por los fondos adeudados. “Es momento de dar una solución a este tema, estableciendo un cronograma de pagos, pero sin dejar de reclamar”, había señalado.
La ley reúne los expedientes 71530/26, 71531/26, 70599/26 y 70647/26, impulsados por Pastori, Miguel Núñez, Cristian Castro y otros legisladores. También ratifica los decretos provinciales 191/23 y 830/24 y mantiene la facultad del Poder Ejecutivo de celebrar acuerdos con Nación y la ANSES para financiar el déficit previsional.
Con la aprobación, Misiones fija un calendario para completar las movilidades pendientes y establece un horizonte concreto para los beneficiarios, mientras continúa la disputa por los recursos nacionales destinados al sistema jubilatorio provincial.
