El Gobierno nacional oficializó este miércoles un conjunto de medidas extraordinarias de seguridad aérea y vial con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Las disposiciones incluyen restricciones a la circulación de camiones en determinados corredores nacionales, un mayor control del espacio aéreo y la autorización para derribar aeronaves consideradas hostiles bajo condiciones excepcionales.
Las decisiones fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1334/2026 y la Disposición 370/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como parte del operativo que acompañará las actividades religiosas e institucionales previstas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján, provincia de Buenos Aires.
La visita también motivó la declaración del lunes 9 de noviembre como feriado nacional, mientras que el martes 10 será feriado exclusivamente en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el Decreto 1103/2026, citado en las nuevas disposiciones.
Restricciones para camiones en rutas nacionales
Las restricciones para el transporte de cargas comenzarán el viernes 6 de noviembre y se extenderán hasta el viernes 13, inclusive, todos los días de 6 a 22 y en ambos sentidos de circulación. Según el anexo de la Disposición 370/2026, la medida comprende tramos de las rutas nacionales 5, 7, 8, 9, 19, 36, 38 y 60, además de las autopistas Rosario-Córdoba y Ezeiza-Cañuelas y otros corredores identificados en el documento.
Las rutas nacionales 12 y 14, que atraviesan Misiones, no figuran entre las vías restringidas, aunque la disposición deberá ser considerada por los transportistas que tengan previsto circular por los tramos afectados en Buenos Aires y Córdoba.
La resolución fundamenta la medida en la concurrencia masiva de fieles y visitantes, tanto argentinos como extranjeros, y en la necesidad de coordinar los desplazamientos de las autoridades nacionales e internacionales que participarán de los distintos acontecimientos.
No obstante, se contemplan excepciones para garantizar el abastecimiento y la continuidad de servicios esenciales. Podrán circular los vehículos destinados al transporte de leche y sus derivados, animales vivos, productos frutihortícolas, combustibles, medicamentos y gases medicinales, entre otros.
También quedan exceptuadas las unidades de emergencia, los vehículos de asistencia ante accidentes o desperfectos, las unidades móviles de medios audiovisuales y los transportes que deban cumplir órdenes judiciales, además de otras actividades expresamente contempladas.
La ANSV deberá coordinar con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y Gendarmería Nacional las tareas de fiscalización y constatación de posibles infracciones.
Refuerzan el control aéreo y autorizan derribos en situaciones extremas
En paralelo, el Poder Ejecutivo dispuso una ampliación temporal de las Reglas de Protección Aeroespacial, que estarán vigentes desde el 8 hasta el 11 de noviembre inclusive, en las zonas de operaciones restringidas correspondientes a Buenos Aires y Córdoba.
El Decreto 1334/2026 establece que los medios del Sistema de Defensa Aeroespacial podrán emplear la fuerza para derribar o destruir aeronaves o vectores aéreos de origen externo declarados hostiles, cuando representen una amenaza contra la vida de las personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos.
La normativa define como acto hostil tanto un ataque armado como la utilización, o amenaza inminente de utilización, de una aeronave como arma. Para determinar esa condición deberán existir indicios objetivos, como el empleo de armamento o el mantenimiento de una trayectoria compatible con un ataque después de recibir las advertencias correspondientes.
La posibilidad de utilizar armamento será considerada una medida de último recurso, una vez agotados los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje.
La declaración de hostilidad corresponderá al comandante conjunto aeroespacial, mientras que la autorización para aplicar la fuerza deberá ser otorgada por el ministro de Defensa, facultad que el Presidente le delegó específicamente para este operativo y que no podrá transferirse a otra autoridad.
En el caso de las aeronaves civiles, el decreto establece límites más estrictos. El uso de la fuerza únicamente podrá aplicarse frente a un ataque armado o una amenaza inminente y cierta contra la vida de las personas que no pueda neutralizarse por otros medios. La desobediencia a las instrucciones de vuelo, por sí sola, habilitará la interceptación y la orden de aterrizaje, pero no el derribo.
Asimismo, el Comando Conjunto Aeroespacial podrá disponer distintos niveles de control sobre las zonas restringidas, desde la coordinación con los servicios civiles hasta la subordinación directa del tránsito aéreo a las autoridades militares o el despeje del espacio aéreo para operaciones de defensa. Estas decisiones deberán coordinarse con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Fuente PE
