El presidente electo Alberto Fernández prepara un plan de fomento y sistematización de la economía popular, con el objetivo de crear hasta 4 millones de empleos en un plazo de cinco años y reducir 10 puntos la pobreza.
El presidente electo recibió una propuesta de manos de Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), de la Universidad Católica Argentina ( UCA).
Salvia habló con Daniel Arroyo, futuro ministro de Desarrollo Social, para trabajar en los detalles de la idea, que coincide con el diagnóstico del equipo de Fernández.
El plan consiste en el desarrollo de miles de proyectos productivos en todo el país, coordinados desde el Estado y ejecutados por organizaciones de la sociedad civil, destinados a sistematizar múltiples actividades de la economía popular, señala La Nación.
Las tareas pueden ir desde la producción de alimentos saludables para proveer a las escuelas y comedores hasta servicios de electricidad o plomería, o de cuidado de niños y personas mayores.
“Hay que pensar en un dispositivo institucional, que nosotros llamamos empleo mínimo garantizado, donde el Estado opere como garante de un empleo mínimo, no como dador de empleo público, sino como facilitador de un sistema que dé una remuneración equivalente a un salario mínimo. La idea es que desarrollen tareas y trabajos de alto impacto en materia de inversión en capital humano y capital social, en los barrios más pobres, e incluso que se desarrollen empresas sociales que brinden servicios a los sectores medios o a los sectores formales de las ciudades”, explicó Salvia al matutino
“Después de dar el primer paso, que tiene que ver con atacar el hambre y frenar la caída, hay que apuntar a las situaciones de pobreza multidimensional”, agregó Salvia.
“Partimos del diagnóstico sobre las dificultades que va a tener la economía para crear empleo para el 20 o 25 por ciento de la población económicamente activa, que está desocupado o haciendo trabajos de indigencia, incluso en un contexto de crecimiento, aumento de las exportaciones y reactivación del mercado interno. Esos desocupados no van a ser absorbidos por la pequeña o mediana empresa ni por las grandes empresas. Si no hay una política de generación de empleo en lo que llamamos la economía social, ese sector se va a ir incrementando”, afirmó Salvia.
En el equipo que coordina Arroyo identifican cinco sectores de mano de obra intensiva a los que prevén apostar: la construcción a pequeña escala, la producción de alimentos, la producción textil, el reciclaje y las tareas de cuidado.
Para poner en práctica la propuesta de Salvia el Estado nacional debería invertir u$s1200 millones por año, lo que equivale al 0,3 por ciento del PBI. Según los cálculos de Observatorio de la Deuda Social, el plan podría generar recursos anuales de hasta el 0,5 por ciento del PBI y crear entre 500.000 y 800.000 empleos por año, es decir, hasta 4 millones en cinco años.
También quedarían incluidas actividades de forestación, recuperación ambiental de áreas contaminadas, asistencia al mejoramiento de espacios comunitarios, asistencia en materia de prevención de la salud, apoyo escolar, campañas de prevención y educación ambiental. “La idea es que sean tareas que puede llevar adelante la población de los barrios pobres, con mínima capacitación y con una organización que la pondría una ONG, una iglesia, un club o un movimiento social, para 30 personas como máximo”, precisó Salvia.
