La polémica por el uso del dióxido de cloro como tratamiento por el coronavirus sumó un nuevo y preocupante capítulo. La Justicia Federal obligó al Sanatorio Otamendi a brindar esta sustancia, prohibida en Argentina, como terapia para un paciente internado en estado grave con Covid-19 a través de una medida cautelar.
En plena feria judicial y tras meses de que la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) alerten sobre la peligrosidad que conlleva esta sustancia, el Sanatorio Otamendi apeló al fallo que lo obliga a tratar a un paciente con dióxido de cloro.
El hijastro del paciente, José María Lorenzo, solicitó a la Justicia que el marido de su madre (fallecida el día anterior por coronavirus), recibiera en carácter urgente la administración de nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro, terapia que fue recetada por el neurocirujano del paciente.
Por ello el magistrado dictaminó que el Otamendi deberá “garantizar la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante”. El sanatorio apeló a la medida cautelar.
El fallo preocupa a la comunidad médica porque podría sentar jurisprudencia para recetar tratamientos que no están autorizados para un uso medicinal, no sólo en el caso de esta sustancia tóxica en particular, sino para otras de igual peligrosidad. “Es una decisión aberrante”, coincidieron expertos en bioética.
Omar Sued (presidente de la SADI) expresó su inquietud ante el fallo: “Que un juez decida que un médico tiene que aplicar una sustancia para la cual no hay ninguna evidencia científica es realmente preocupante, sobre todo cuando es en forma endovenosa. No es decisión de un magistrado administrar una medicación que no conoce en un paciente, no es su rol”.
