El gobierno nacional avanza en una transformación integral del Ministerio de Seguridad, un proyecto elaborado en silencio desde hace varios meses y que apunta a ampliar sus facultades, su capacidad de intervención y sus áreas bajo control.
La reforma proyectada por la administración de Milei tiene como punto central la creación de una Policía Migratoria, un cambio que transformará por completo el esquema de control fronterizo del país. Hoy esas tareas dependen de la Dirección Nacional de Migraciones, cuyos agentes son civiles.
Bajo el nuevo modelo, pasarán a ser realizadas por personal con entrenamiento policial, capaz de operar tanto en los pasos habilitados como en los cruces irregulares.
En este esquema también se prevé reformular el rol de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que hoy actúa casi exclusivamente en aeropuertos. La reconfiguración de competencias explica, en parte, que Migraciones deje de depender del Ministerio del Interior.
El proyecto diseñado por Patricia Bullrich va más allá de esos cambios. La idea es aproximar el funcionamiento del Ministerio de Seguridad a modelos como el del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Homeland Security), aunque adaptado a las características económicas y operativas de la Argentina.
Según fuentes oficiales, la comparación es válida “siempre salvando las diferencias” con un país de ese nivel de recursos.
La reformulación incluye ampliar la acción estatal en delitos fronterizos, ciberseguridad, monitoreo de redes e internet, prevención del terrorismo y respuesta ante emergencias, ya sean provocadas o naturales.
Otro punto relevante es una modificación profunda dentro de la Policía Federal Argentina (PFA). La propuesta contempla la creación de un cuerpo especializado para investigar delitos complejos a nivel federal, inspirado en organismos como el FBI. Proyectos similares se debatieron en distintas gestiones, sin llegar a materializarse.
Bullrich trabajó estas iniciativas en diálogo con Santiago Caputo y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes avalaron avanzar con la ampliación del poder del Ministerio de Seguridad, aun cuando ello pueda superponerse con funciones de otros organismos estatales. Por ejemplo, la prevención de ciberataques hoy se encuentra bajo órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Algunas dependencias podrían mostrar resistencia. Sin embargo, fuentes del gobierno afirmaron que uno de los argumentos para rediseñar la ciberdefensa es que muchas empresas privadas, víctimas de hackeos, evitan denunciar ante el organismo de inteligencia.
En ese marco, una fuente explicó: “Las empresas que sufren los ciberataques tienen temor, por prejuicios, de alertar a la SIDE cuando son víctimas del secuestro virtual de su información. Hace pocos meses un importante laboratorio de análisis de salud sufrió un ciberataque que secuestró todas las historias clínicas de sus pacientes. No fueron a avisar a la SIDE, por supuesto. Esas cosas deben cambiar”.
El responsable de la inteligencia nacional, Sergio Neiffert, no habría objetado la posibilidad de superponer funciones en materia informática. Según fuentes cercanas al gobierno, Neiffert se alineó políticamente con Karina Milei, pese a haber llegado al puesto por recomendación de Caputo.
En cuanto al rediseño de la PFA, el gobierno considera que la fuerza desperdicia recursos al realizar tareas de patrullaje en líneas ferroviarias federales. Según funcionarios que participan del proyecto, ese trabajo debería recaer en policías provinciales, permitiendo que la Federal enfoque sus esfuerzos en investigaciones de alta complejidad.
La creación de la Policía Migratoria también busca aliviar la carga operativa que hoy asumen Gendarmería y Prefectura en los pasos internacionales. Además, busca profesionalizar la labor de Migraciones.
Sobre ello, una fuente sostuvo: “No son policías. Si llega a uno de los puestos de Migraciones alguien que tiene un pedido de alerta rojo de Interpol, es imposible que sea un agente de migraciones que lo detenga. No sabe cómo hacerlo, y se corren riesgos. Nos ha pasado de que delincuentes que son detectados como tales cuando entran por pasos legales a la Argentina se escapan del control migratorio y pasan igual las fronteras antes de que lleguen las fuerzas de seguridad a detenerlos. Pasó, pocas veces, pero pasó”.
También señaló que en otros países los controles fronterizos los realizan agentes especializados y con equipamiento adecuado.
Bullrich toma como referencia tanto Homeland Security como el FBI, y también modelos de coordinación de inteligencia del Reino Unido, como el MI5. Aun así, ella misma ya no conducirá el proceso, dado que asumirá una banca en el Senado. Su reemplazante, Alejandra Monteoliva, comparte la visión y apoya las reformas.
Una de las autoridades consultadas describió una de las metas centrales: “Siempre se utilizaron a organismos como Migraciones como espacios de poder y no como entes que podrían organizar y coordinar información fundamental para la seguridad nacional. Ésa es nuestra idea: organizar los datos que hoy están desperdigados y generan problemas y caos para prevenir o atacar al crimen organizado”.
Bullrich ya había intentado convencer al exministro del Interior, Lisandro Catalán, de la necesidad de contar con una fuerza migratoria profesionalizada, pero sin éxito. Diego Santilli, actual titular de esa cartera, aceptó el enfoque rápidamente.
La ministra también buscó tomar el control del RENAPER y los DNI, aunque finalmente la gestión volvió a Interior. Según fuentes oficiales, las fotos de los documentos plásticos presentan problemas para la identificación precisa mediante sistemas biométricos, ya que adquieren un tono azulado que interfiere en el reconocimiento facial.
En 2026, el Ministerio de Seguridad podría adoptar una nueva denominación, más acorde al alcance y dimensión que pretende adquirir con esta reorganización.
