La medida fue oficializada por la Secretaría de Industria y Comercio y alcanza a normas vinculadas al control de precios, programas de consumo, importaciones y regulación comercial.
Mientras se espera el debate por la ley Hojarasca, el Gobierno derogó 58 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio, la industria, las importaciones y los programas de consumo al considerar que habían perdido vigencia o sustento jurídico tras las reformas impulsadas por la actual gestión. La medida fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, dependiente del Ministerio de Economía, y se enmarca en el proceso de desregulación promovido por el Ejecutivo nacional.
La Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026 buscan contribuir a una mayor claridad del marco legal y, a su vez, facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica. En tanto, el Gobierno también avanza con la media sanción en el Senado de la Ley hojarasca, una iniciativa del ministro Federico Sturzenegger que propone derogar y modificar más de 70 normas vigentes con el objetivo de reducir la sobrerregulación y avanzar en un proceso de desburocratización del Estado.
Según se explicó en la norma, las disposiciones eliminadas habían sido dictadas al amparo de marcos regulatorios que fueron modificados o derogados, entre ellos la ley de Abastecimiento, la ley de Góndolas y la ley que creó el Observatorio de Precios, por lo que “han perdido su objeto y aplicabilidad”.
Entre las normas derogadas figuran resoluciones vinculadas al control de precios de determinados productos, requisitos de información para la comercialización de bienes, procedimientos de autorización para importaciones, programas de fomento al consumo y medidas relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.
En los fundamentos de la decisión, el Gobierno sostuvo que “la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas”, situación que genera incertidumbre sobre cuáles continúan vigentes. Además, afirmó que ello provoca “una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida”.
La resolución también señala que resulta necesario avanzar en una revisión permanente de la normativa para que el Estado “se enfoque en normativas relevantes y prioritarias” y pueda brindar respuestas más rápidas y transparentes.
La medida se suma al proceso de simplificación regulatoria impulsado por el Gobierno y corre en paralelo al proyecto de ley Hojarasca, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y propone la derogación de decenas de leyes consideradas por el oficialismo como obsoletas, anacrónicas o incompatibles con el actual marco normativo.
Derogaciones llevadas a cabo mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME:
- 22 normativas del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo de intervención directa que buscaba controlar precios en la cadena triguera.
- 30 normativas de Ahora 12 y Cuota Simple, una medida de intervención indirecta en las condiciones crediticias.
- 4 normativas que obligaba a instituciones privadas de enseñanza a notificar anticipadamente sus aranceles, incentivando así la distorsión de precios al fijarse aumentos preventivos y arbitrarios por parte de los colegio
- 1 normativa accesoria al programa Precios Cuidados.
- 1 normativa que duplicaba mecanismos de atención ya existentes para adolescentes consumidores. Se elimina esta superposición y se concentran los reclamos en un canal especializado que garantiza una respuesta más ágil y eficiente.
Cuáles son las normas que derogó el Gobierno
- La N° 355/2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior, junto a sus 19 modificatorias, que regulaban el control de precios de determinados productos.
- 426/2022 y 296/2023, vinculadas a requisitos de información para la comercialización de bienes.
- 22/2006, 178/2007 y 167/2008, procedentes del ex Ministerio de Economía y Producción.
- La N° 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, dictada al amparo del Decreto N° 787/2025 que eliminó la obligación de los colegios privados de pedir autorización estatal para modificar sus cuotas.
- 82/2014 de la ex Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.
- La disposición N° 167/2018 de la ex Subsecretaría de Comercio Interior.
- 282/2021 y sus 21 modificatorias, que regulaban programas de fomento al consumo cuya vigencia venció sin prórroga.
- Las resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022 con su modificatoria N° 148/2022, ligadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino
- 254/2019 y 43/2022 vinculadas a procedimientos de autorización para la importación de mercancías.
Ley Hojarasca: cuáles son los principales puntos
- Derogación masiva de leyes
Se propone eliminar más de 70 normas vigentes, muchas de ellas sancionadas hace décadas, bajo el argumento de que perdieron aplicación práctica, fueron superadas por leyes posteriores o responden a contextos históricos ya inexistentes.
- Eliminación de normas redundantes
El texto apunta a leyes que fueron reemplazadas por marcos regulatorios más modernos, como aquellas vinculadas a vacunación, hidrocarburos o beneficios específicos que hoy están contemplados en otras normas más amplias.
- Supresión de leyes obsoletas por avances tecnológicos
Se incluyen regulaciones que quedaron desactualizadas frente a cambios tecnológicos y productivos, como las vinculadas a microfilmación de documentos, televisión a color o mecanismos antiguos de almacenamiento y comunicación.
- Revisión de normas que afectan libertades individuales
El proyecto propone derogar leyes que habilitan controles sobre reuniones privadas, circulación o actividades culturales, muchas de ellas dictadas en contextos de fuerte intervención estatal o durante gobiernos de facto.
- Reducción de la burocracia estatal
Se eliminan leyes que crean organismos, comisiones o fondos considerados innecesarios o con funciones superpuestas, así como trámites administrativos calificados como redundantes o sin utilidad actual.
- Eliminación de regulaciones sobre organismos inexistentes
Se propone derogar normas vinculadas a entidades que ya no funcionan o programas que nunca se implementaron, pero que permanecen formalmente vigentes en el sistema legal.
- Cambios en el financiamiento de entidades
El proyecto modifica leyes para quitar financiamiento estatal a organismos como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, que deberán sostenerse con recursos propios.
- Eliminación de beneficios y privilegios específicos
Se suprimen normas que otorgan beneficios particulares a determinados sectores o actividades, bajo la premisa de evitar distorsiones y desigualdades dentro de un mismo ámbito.
- Simplificación del marco regulatorio
La iniciativa busca reducir la cantidad de normas vigentes para facilitar su conocimiento y cumplimiento, tanto para ciudadanos como para empresas.
- Principio de “máxima libertad”
El proyecto se apoya en la idea de que los derechos no requieren ser creados por ley y que debe regir un esquema en el que todo esté permitido salvo lo expresamente prohibido, en línea con una menor intervención del Estado.
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