Ingresó al Congreso este jueves el proyecto denominado “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, la iniciativa del Gobierno cuyo objetivo es establecer un régimen integral para proteger los derechos soberanos de la Argentina. Contempla nuevas sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina, crea un Sistema de Seguridad Nacional y modifica aspectos centrales de la legislación vigente en materia de Defensa.
Según los fundamentos del proyecto, la iniciativa busca ser una “materialización concreta” del mandato establecido por la Constitución Nacional respecto de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El texto sostiene que la propuesta pretende dotar al Estado de herramientas para “proteger los recursos naturales, las Infraestructuras Críticas, el Atlántico Sur y los intereses estratégicos” del país. Informate más
Malvinas como eje de la iniciativa
El proyecto coloca la cuestión Malvinas como uno de sus fundamentos centrales. En los considerandos, el Gobierno recuerda la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece la recuperación de las islas y de los espacios marítimos e insulares correspondientes como un objetivo permanente e irrenunciable.
La iniciativa sostiene que las herramientas propuestas buscan acompañar el reclamo soberano por medios pacíficos, diplomáticos y jurídicos: “La cuestión de las Islas MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR y SÁNDWICH DEL SUR constituye una causa nacional y permanente”, afirma el texto, que agrega que su defensa requiere también fortalecer las capacidades estatales para proteger los recursos naturales, el Atlántico Sur y los intereses estratégicos argentinos.
El proyecto concluye solicitando al Congreso “el pronto tratamiento y sanción” de la iniciativa, que ahora deberá comenzar su recorrido parlamentario.
Nuevas sanciones para la explotación de recursos naturales
Uno de los primeros ejes del proyecto apunta a endurecer el régimen vigente para las actividades vinculadas con recursos naturales realizadas sin autorización de una autoridad argentina. El Gobierno propone ampliar el alcance de la Ley 26.659, que actualmente está vinculada principalmente con actividades hidrocarburíferas.
El nuevo régimen alcanzaría a “toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”. Además de multas, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la suspensión o cancelación de habilitaciones e imponer inhabilitaciones por un plazo determinado.
La inhabilitación tendrá consecuencias adicionales para los infractores. El proyecto contempla la prohibición de desarrollar actividades económicas en el territorio nacional, la revocación de habilitaciones, el cese de exenciones o facilidades impositivas y previsionales y la resolución de contratos vinculados con el infractor que se ejecuten en la Argentina o tengan por objeto bienes situados en el país.
El texto también incorpora un régimen penal más severo para determinadas conductas. Prevé mayores penas de prisión, multa e inhabilitación para quienes realicen actividades de prospección o exploración de recursos no renovables en el lecho o subsuelo del mar territorial argentino o de la Plataforma Continental Argentina sin autorización.
Ámbito
