El presidente Alberto Fernández anunció en la tarde de este miércoles que el objetivo del proyecto de Reforma Judicial que el Ejecutivo enviará al Congreso será “organizar mejor la justicia federal”, a través de la unificación y duplicación de los juzgados federales.
“En la República, la vigencia del derecho reclama como indispensable que el sistema judicial se apegue a las normas y se abstraiga de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia”, expresó al inicio.
Durante su exposición en el Salón Blanco de Casa Rosada, el mandatario estuvo acompañado por los once integrantes del Consejo de asesores que estudiarán el funcionamiento de la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal.
Además, se hicieron presentes la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton; la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otros.
“Lo que estamos proponiendo no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia. Estoy convencido que todos los argentinos y argentinas participan de estos propósitos”, dijo Fernández.
Según indicó el Presidente, el proyecto crea la Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico”.
“Cada uno de esos tribunales actuarán en lo sucesivo con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero”, explicó.
El jefe de Estado indicó que la lógica de ampliación del número de juzgados se basó en “la necesidad de adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal”.
A continuación, destacó la necesidad de “superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas” y consideró que estas fueron las causas para que “este fuero se politizara del modo en que ha ocurrido”.
Además, señaló que es “hora de unificar” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico.
El Presidente indicó que para que el sistema comience a funcionar “cuanto antes” se prevé un sistema de subrogancias “que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados y magistradas”. En este sentido, sostuvo que en la designación intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación que deberá dar los Acuerdos correspondientes.
También, aclaró para que “nadie siembre dudas” que la conformación de esta nueva estructura judicial “en nada afecta el principio del Juez Natural”. “La totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando”, añadió.
El proyecto dispone además la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías y propone transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, según lo determina la manda constitucional de 1994.
La iniciativa también propicia la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo, al tiempo que propone un fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país.
Creación del Consejo Consultivo
El Presidente también se refirió a la creación del Consejo Consultivo que deberá asesorarlo y brindarle propuestas concretas sobre “los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia”, en relación al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
“He recurrido a juristas de reconocimiento técnico indiscutido. Han sido sus sólidos antecedentes académicos y la experiencia enorme que individualmente acumulan, lo que me ha determinado a convocarlos y convocarlas a la tarea de repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público”, indicó.
Como había sido anunciado el lunes pasado, el grupo de 11 juristas estará integrado por Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.
“Los miembros del Consejo tendrán plena autonomía y libertad para recomendarme lo que crean conveniente. No existe en mi ánimo, contrariamente a lo que muchos han repetido, el deseo de condicionar la decisión de este Consejo Consultivo. Sé de las cualidades intelectuales de cada uno de ustedes y sé que no estarían aquí si se sintieran limitados o limitadas a expresarse libremente”, expresó Fernández.
Además, auguró que las recomensaciones que surjan de las deliberaciones del Consejo “sean parte del debate que estamos abriendo y se conviertan en las piedras basales de un nuevo sistema judicial que nuestra sociedad está demandando desde hace ya mucho tiempo y que lamentablemente nuestra democracia no ha podido construir todavía”.
