Desde el lunes 11 al viernes 15 de agosto, habrá medida de protesta -que incluye paro de actividades– en las universidades nacionales de todo el país. La medida se toma luego de la media sanción en la Cámara de Diputadosde la ley de financiamiento universitario y la advertencia presidencial de un nuevo veto.
La semana de medidas fue oficializada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios nucleada en la CONADU, en reclamo de mejoras salariales, financiamiento de gastos de funcionamiento y presupuesto para ciencia y tecnología. El pasado miércoles, el Congreso también avanzó en la declaración de emergencia del sector científico.
El gremio docente enmarca la demanda salarial luego de que el Poder Ejecutivo establezca, de forma unilateral, aumentos para el sector docente universitario de 1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre. En su reclamo, consideran estos incrementos insuficientes citando las últimas cifras oficiales, que indican una caída del 28% del salario real de los profesores con dedicación simple y 10 años de antigüedad, en comparación con noviembre del 2023.
Considerando el financiamiento integral de las universidades, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) relevó que “en términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023. Este recorte compromete el funcionamiento de las universidades y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad”.
Cada una de las universidades nacionales retomará las actividades áulicas en distintas fechas y con diferentes modalidades de reclamo. Por caso, la Universidad de Buenos Aires no iniciará las clases el 11 de agosto pero reiniciará el calendario académico el día siguiente con medidas de protesta, mientras que en la Universidad Nacional de La Plata el cese de tareas se extenderá durante toda la semana.
El pasado miércoles, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de financiamiento universitario, presentado por los rectores de las universidades nacionales en mayo de este año.
Con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones -a un voto de los dos tercios-, la Cámara baja aprobó el proyecto que establece la reapertura de convocatoria a paritarias (que no ocurren desde octubre del 2024, dado que los aumentos se dan por decreto), la disposición de fondos para garantizar el funcionamiento universitario y sus instituciones vinculadas (hospitales, laboratorios) y el sostenimiento de becas. Además, establece un fondo de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas
Aún resta el tratamiento del proyecto por parte del Senado, en el que la oposición legislativa contaría con la mayoría para convertir en ley la iniciativa universitaria. En ese marco, Javier Milei concretó una presentación en cadena nacionalen donde anticipó que volvería a rechazar medidas que involucren nuevas partidas presupuestarias.
Fuente Ámbito
