El Ministerio de Capital Humano, mediante una investigación liderada por ANSES, detectó y denunció ante la Justicia graves irregularidades en la tramitación de la Asignación por Embarazo (AUE), según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello.
“Las anomalías identificadas exponen una práctica sistemática de presentación de documentación falsa y certificados médicos apócrifos en diversas oficinas de atención de ANSES, con el fin de percibir fraudulentamente la asignación”, según informó el ministerio.
Se trata de 203 casos que podrían haber costado al Estado $166 millones. La denuncia penal fue presentada el viernes pasado en los tribunales de Comodoro Py, en el juzgado a cargo de Sebastián Ramos, Fiscalía 7, Ramiro González.
La información oficial da cuenta de que la investigación – verificada y documentada por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de ANSES – identificó varios tipos de irregularidades recurrentes en los formularios que se utilizan para acceder a la asignación (PS 2.67):
Certificados médicos apócrifos sin registro de nacimiento: se detectaron solicitudes de Asignación por Embarazo con certificados médicos falsos en las cuales, tras la fecha de parto declarada, no se registró ningún nacimiento ni interrupción del embarazo, presumiendo embarazos inexistentes.
Simulación de interrupciones de embarazo: en otros casos, se presentaron solicitudes de AUE acompañadas de certificados apócrifos que incluían documentación falsa de interrupción del embarazo, permitiendo a las beneficiarias seguir percibiendo el beneficio hasta la presunta interrupción.
Certificados con fechas de parto futuras: también se detectaron certificados médicos falsos con fechas de parto futuras, que ya estaban siendo utilizados para cobrar los pagos prenatales, sugiriendo embarazos falsos que luego se incluirían en las categorías de fraude ya mencionadas.
Certificaciones inválidas y retenidas: en numerosos casos, ANSES rechazó formularios PS 2.67 por inconsistencias notables, tales como matrículas médicas inválidas, sellos o CUIL erróneos, y certificaciones realizadas por profesionales sin habilitación en obstetricia. Estos formularios fueron retenidos preventivamente al considerarse un intento de defraudación.
El Ministerio de Capital Humano señala que “el fraude descubierto podría haber costado a ANSES una suma considerable”. Al respecto, presentó dos escenarios de cálculo sobre el perjuicio económico. Uno, de máxima, estima que, si los 203 casos fraudulentos hubieran cobrado el 100% de la prestación durante los 9 meses correspondientes, el perjuicio ascendería a 165.959.199 pesos a valores de noviembre de 2024. Otro escenario específico estima el perjuicio en 58.862.376 de pesos.
“En respuesta a estas maniobras, la nueva gestión del Ministerio de Capital Humano y ANSES reafirman su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción”, señala la información oficial.
Especifica que, para evitar la repetición de estas prácticas fraudulentas, se están rediseñando los procedimientos internos, con un enfoque en la digitalización de los certificados médicos y la implementación de nuevas herramientas que optimicen la verificación de los trámites.
