El padre del niño de 4 años pidió la imputación y detención inmediata de ambos acusados. La querella sostuvo que la muerte fue el desenlace de meses de maltrato y apuntó también contra funcionarios judiciales por presunta desprotección.
El caso de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que murió el 6 de abril en Comodoro Rivadavia, dio un giro judicial decisivo luego de que su padre presentara una ampliación de denuncia penal en la que pidió la detención inmediata de la madre y el padrastro por homicidio agravado.
Luis Armando López, con el patrocinio del Dr. Roberto Castillo, acusó a Maicol González y a Mariela Beatriz Altamirano por homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte. Según la presentación ante la fiscalía, la muerte del menor no respondió a un hecho accidental, sino que constituyó el desenlace previsible de meses de maltrato físico y abandono.
La querella describió una “pluralidad de comportamientos convergentes” que derivaron en el fallecimiento del niño. En ese sentido, la autopsia preliminar resultó central al revelar lesiones traumáticas en la región craneal, incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con un cuadro de violencia física de gran intensidad. A eso se sumaron testimonios de vecinos que aseguraron haber escuchado gritos y presenciado discusiones en las que la madre le recriminó al padrastro: “¡Vos le pegás al mío!”.
El pedido de detención inmediata se apoyó además en riesgos procesales concretos. La denuncia sostuvo que los acusados quemaron prendas del niño el día del hecho para eliminar posibles rastros biológicos y signos de violencia. También advirtió sobre un presunto plan de fuga a El Dorado, Misiones, que habría sido gestionado por Altamirano a través de un familiar.
La presentación judicial también cuestionó con dureza el accionar institucional: “Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda”, sostuvo la querella, mientras la Justicia analiza si hace lugar al pedido de arresto.
La Ley Lucio, el foco sobre los funcionarios y la cadena de omisiones
Uno de los tramos más duros de la denuncia apuntó contra el juez de Familia Pablo José Pérez, la asesora Verónica Roldán y la licenciada Jennifer Leiva, del Servicio de Protección de Derechos. Para la querella, los funcionarios construyeron el escenario de desprotección que permitió el crimen.
El escrito repasó una secuencia alarmante: primero, el sistema judicial rechazó en tres oportunidades la restitución del niño a su madre biológica por considerar que no era un entorno seguro. Luego, en febrero de 2026, durante una audiencia, Ángel expresó que su centro de vida estaba con su madre de crianza, Lorena Andrade, y no reconoció a Altamirano como su núcleo afectivo, aunque no se dictó ninguna medida de resguardo.
Finalmente, en marzo, una restricción perimetral aisló al niño de su familia paterna y de su madre de crianza, dejándolo solo con quienes hoy aparecen como sus presuntos agresores. Castillo vinculó esas decisiones con el caso Lucio Dupuy y sostuvo que pudo haber existido un incumplimiento de los deberes previstos en la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio, en materia de detección temprana y protección infantil.
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