Desde las cámaras empresariales celebraron la continuidad de la asistencia, pero cuestionan la reconversión.
En la reunión de gabinete económico de ayer, el Gobierno analizó la continuidad del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y su segmentación en zonas de aislamiento social. Según pudo confirmar Ámbito, continuará en agosto y a futuro, se adelantó la posibilidad de transformar el subsidio en crédito blando para aquellas empresas que reiniciaron su actividad pero no recuperaron sus niveles de facturación.
En el encuentro del que participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca y los ministros Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni, entre otros, se acordó continuar con el subsidio al sector privado que contempla dos salarios mínimos para los trabajadores que se encuentren en áreas de mayor restricción de la circulación y un salario mínimo de tope para aquellas zonas que fueron flexibilizando la cuarentena. Pero se barajó la posibilidad de poner más requisitos para el acceso.
Fuentes de Jefatura de Gabinete resaltaron el impacto del ATP en las pymes: “Según los datos que tenemos recabados más del 90% de las empresas que están inscriptas en el programa tienen hasta 25 empleados, y generan casi el 40% del empleo registrado”. Además, destacaron la vigencia de los créditos a tasa cero y la Línea Pymes Plus, al 24 por ciento.
Cámaras industriales celebraron la continuidad pero cuestionaron la reconversión. Tomás Canosa, director de Estudios Económicos de ADIMRA, destacó la extensión del programa: “Es indispensable que se mantenga. El 70% de nuestras empresas viene formando parte del programa”, dijo en diálogo con Ámbito.
Por otro lado, remarcó que es fundamental para que las empresas puedan cumplir con los salarios: “Antes de que comenzara, sólo el 17% afirmaba que iba a poder pagar los sueldos en tiempo y forma. Luego de la aplicación, esa cifra creció al 72%”. Canosa sostuvo sin embargo que “la recuperación económica es gradual, entonces el sostenimiento de los beneficios también debe serlo”.
Desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, también celebraron la continuidad. “En nuestro sector lo recibieron prácticamente todos, aunque en distintas etapas de acuerdo a las condiciones. Es fundamental porque tuvimos las plantas cerradas y en el autopartismo el costo del salario es de al menos un 30%”, destacó su presidente, Raúl Amil.
La Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina, también puso reparos a ese balance. Afirmaron que muchas empresas no pudieron formar parte del programa porque el tope en la variación de la facturación es de un 5% más que el año anterior, cuando la inflación está por encima del 40. “A pesar de que nuestras ventas cayeron estrepitosamente, muy pocos pudieron acceder”, dijo el presidente de la entidad, José Luis Ammaturo.
Uno de los puntos que traerá debate es la posibilidad de que aquellas empresas que pudieron reabrir, aún no recuperaron el nivel de facturación para dejar de recibir un subsidio. La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires remarcó que “el 70% de las empresas que volvieron a abrir sus persianas no están cerca de alcanzar el nivel de facturación de la prepandemia”. Agregaron que “un crédito blando no garantiza que vayan a permanecer abiertas”.
Otro integrante de CAMIMA, remarcó la preocupación ante una eventual restricción: “La mayoría de nuestras firmas sigue en problemas y un crédito blando puede ayudar, pero en este escenario de incertidumbre nadie sabe cuándo se retomará la actividad habitual como para poder pagarlo”.
Por último desde la Confederación General Empresaria de la República Argentina sostuvieron que “si bien muchas empresas se pueden ver afectadas, el Estado ya hizo demasiados esfuerzos, cualquier paliativo que continué es bienvenido”.
