Ante la negativa del gobierno de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, sus docentes comenzarán con una nueva semana de paros.
Las actividades de reclamo previstas son muchas, pero habrá una que concentra todas las expectativas: este martes, profesores de Facultad de Filosofìa y Letras de la UBA darán una clase pública a la vuelta de la sede de Puán -en la calle Miró al 500-. Allí, según se descubrió recientemente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró una de sus varias propiedades.
Tanto la Conadu como la Conadu Histórica, es decir las dos federaciones sindicales de docentes universitarios más grandes del país, confluirán en las medidas de fuerza. Junto a otros gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales convocaron a un paro total de actividades para los días lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril. Como jueves y viernes son feriados, el dictado de clases estará afectado toda la semana.
El paro es de carácter nacional y abarca tanto a las universidades como a los colegios secundarios preuniversitarios, como el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini.
La modalidad de la protesta será sin asistencia a los lugares de trabajo. En el caso de la UBA, algunos sectores mantienen la propuesta de que la medida se extienda por tiempo indeterminado si no hay una convocatoria a paritarias.
Junto con las dos Conadus van a parar también otros gremios, cada uno con su modalidad. El sindicato docente de la Universidad Tecnológica adhiere a los tres días de huelga; los no docentes de FATUN van a parar el 31 de marzo; a su vez, la Ctera lo hará el 31 de marzo y 1 de abril.
Las universidades han sido uno de los sectores más atacados por el gobierno de Milei.
En lo que va de su gestión, los sueldos universitarios perdieron un 34 por ciento de su poder de compra. Según datos de la Conadu, un docente con dedicación simple y diez años de antigüedad cobró en enero un sueldo bruto de 305 mil pesos (mientras que sostener a una familia tipo sin caer bajo la línea de pobreza requirió de ingresos por un millón 300 mil pesos).
También fueron reducidos de manera drástica los fondos destinados al funcionamiento de las universidades públicas.
De acuerdo a un informe presentado por el rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, durante el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, el presupuesto universitario perdió 45,6% de su poder adquisitivo desde que gobierna La Libertad Avanza.
Uno de los recortes que más problemas genera es el del de los gastos de funcionamiento.
Si bien tras la primera marcha federal universitaria el Gobierno nacional dispuso tres recomposiciones parciales de esa partida, parte de esos aumentos fueron eliminados al comenzar 2025 y, aunque en marzo de ese año se aplicó una nueva actualización, el nivel actual sigue muy lejos del original.
El informe presentado por Pinazao señala en este sentido que poder de compra de la cuota de funcionamiento hoy equivale apenas al 40% del que existía en enero de 2023. Otra manera de medir esa merma sería señalando que en 27 meses de gestión se perdieron el equivalente a nueve cuotas completas de gastos de funcionamiento.
El rector habló de lo sucedido con otras partidas claves para el sistema universitario, como el financiamiento de la ciencia y la técnica, las actividades de extensión, la infraestructura universitaria y las becas estudiantiles:
-Los fondos para infraestructura universitaria tuvieron una reducción del 100%.
– El financiamiento para ciencia y técnica en las universidades es hoy sólo el 38% del presupuesto de hace dos años.
-Las actividades de extensión universitaria quedaron reducidas a apenas el 1% de su valor de 2023.
-Hubo además un fuerte recorte en las becas Progresar: para este año, si se proyecta una inflación anual del 30% —un escenario que el rector consideró conservador— el poder adquisitivo de esas becas quedaría en apenas el 3% del nivel que tenían en 2023.
Al llegar a las conclusiones del informe, el rector explicó que la quita de fondos a las universidades no puede entenderse como una simple una restricción presupuestaria.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, cumplir durante 2025 con la Ley de Financiamiento Universitario hubiera requerido el equivalente al 0,23% del PBI. Solamente en intereses devengados de la nueva deuda emitida por el gobierno nacional, en un mes se registró un gasto equivalente a diez años completos de la Ley de Financiamiento Universitario.
Por otra parte, Pinazo comparó ese costo con otras decisiones fiscales en discusión. Mientras el Poder Ejecutivo argumentaba que no contaba con recursos para financiar una ley que demandaría 0,36% del PBI en 2026, al mismo tiempo sostenía ante el Congreso que podía resignar 0,71% del PBI en recaudación en el marco de la reforma laboral. “En otras palabras —sostuvo el rector—, se afirma que no hay recursos para financiar una ley que cuesta 0,36% del PBI, mientras se propone una iniciativa que implica renunciar a casi el doble de ese monto en ingresos tributarios”.
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