La actualización para agosto es del 2,1% y toma como referencia la variación del IPC de julio. El nuevo esquema alcanza a todas las modalidades contempladas en el nomenclador y mantiene un adicional del 20% para las prestaciones de la zona patagónica.
El Gobierno dispuso una nueva actualización de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El incremento es del 2,1% para las prestaciones correspondientes a agosto, porcentaje calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.
La medida fue formalizada a través de la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SND), que modificó los valores establecidos previamente por la Resolución 2227/2026 para julio, cuando se había aplicado una actualización del 1,9%.
El aumento se aplica de manera uniforme a todas las modalidades incluidas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, sin diferencias según el tipo de servicio. Los nuevos valores rigen para las prestaciones brindadas durante agosto.
La normativa también mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones realizadas en la zona patagónica. El beneficio por zona desfavorable alcanza a las provincias del sur del país y contempla las características geográficas y las dificultades de acceso que pueden incrementar los costos vinculados con la atención y los servicios de apoyo.
Entre los nuevos valores establecidos, para la Categoría A, correspondiente a las prestaciones de mayor complejidad, el arancel de un Centro de Día con jornada doble pasó de $1.078.908,97 a $1.101.566,06.
En la Categoría B, el arancel para un Hogar con CET permanente quedó establecido en $2.824.518,71, mientras que la Residencia Permanente alcanzó los $1.133.384,56.
Para la Categoría C, que reúne prestaciones de menor complejidad relativa, el valor correspondiente al Hogar Permanente quedó fijado en $1.383.759,91 y el de la Residencia Permanente en $1.047.812,39.
La actualización se produce en un contexto de reclamos vinculados con los pagos a prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad. En mayo de 2026, la Justicia Federal había ordenado al programa Incluir Salud y al PAMI normalizar la cadena de pagos a los prestadores en un plazo de 72 horas.
La medida cautelar fue dictada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, en el marco de un amparo colectivo de alcance nacional. La resolución tiene una vigencia de seis meses o hasta que se dicte una sentencia firme.
Los demandantes habían señalado que los prestadores no recibían fondos adeudados por el Estado, una situación que, según denunciaron, había provocado la interrupción de terapias y dificultades para la entrega de medicamentos.
Por su parte, el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, sostuvo ante la Justicia que las demoras estaban relacionadas con un “reordenamiento estructural” derivado del traspaso del programa Incluir Salud desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a esa cartera, y afirmó que el proceso de regularización se encontraba en marcha.
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