El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó un programa de 1.000 millones que dará Internet a las cárceles federales para que los presos puedan participar de audiencias judiciales, capacitarse y tener “contacto con familiares y allegados a través de plataformas virtuales”, según fue publicado en la Resolución 2183/21 del Boletín Oficial.
Fuentes del ente explicaron que el dinero provendrá del Fondo de Servicio Universal (FSU), previsto en la Ley N° 27.078, que busca fomentar la conectividad de escuelas y hospitales de zonas vulnerables, con una inversión de $8.000 millones anuales.
La iniciativa para que el plan se extienda a las prisiones que alojan a los principales capos de la droga, secuestradores, delincuentes ligados a la trata de persona y políticos con causas de corrupción fue impulsada por la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori.
El plan fue aprobado por la mayoría oficialista del Enanom. Sólo dos directores se opusieron: Silvina Giudici y José Corral.
Fuentes vinculadas a la extitular del ente detallaron que ambos directores votaron de forma negativa debido a que aún no existen definiciones técnicas de cómo se instrumentarán los proyectos en cada unidad. Al mismo tiempo, la referente de la oposición alerta, de esta manera, “la grave de falta de control sobre los internos que delinquen desde las cárceles”.
En ese sentido, las fuentes recordaron el caso de Ariel “Guille” Cantero, quien fue detenido por continuar al frente del negocio narco desde prisión. Incluso, el jefe de Los Monos fue allanado en varias oportunidades y se le encontraron celulares, chips y hasta teléfonos de línea en su celda del penal de Marcos Paz.
La situación de Cantero, y de otros jefes narcos, fue advertida por el titular de la PROCUNAR en septiembre pasado a través de un informe que fue respaldado por Eduardo Casal.
El Procurador interino envió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 14 recomendaciones con base en las conclusiones que surgieron en el marco de la mesa de trabajo “sobre maniobras narcocriminales desde establecimientos penitenciarios”.
A diferencia de Garrigós de Rébori, que minimizó el tema, los fiscales sostienen que la situación es grave y consideraron “la peligrosidad y el riesgo latente que esta suscita”.
La mesa fue coordinada desde la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación y contó con la participación de los titulares y colaboradores de la PROCUNAR, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP), la Fiscalía de Distrito Salta, las Fiscalías Federales Nº 1 y 2 de Lomas de Zamora, la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario, y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El programa aprobado ya fue creado, pero para poder contar con los fondos del Estado cada penal debe presentar un proyecto que detalle características técnicas y objetivos de la conectividad. Es decir, qué sector del penal se habilitará para wifi.
