El Ejecutivo propone modificar la Ley 25.520 a través de un decreto. Va a unificar funciones y darle nuevas competencias al organismo, como poder detener personas.
El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con una reforma profunda del Sistema de Inteligencia Nacional que apunta a modernizar su funcionamiento, clarificar roles y fortalecer los mecanismos de control. La iniciativa se apoya en los cambios ya introducidos por el Decreto 614/24 y propone modificaciones a la Ley 25.520, con el objetivo de mejorar la integración, especialización, eficiencia y legitimidad del sistema.
Según se informó oficialmente, la reforma procura dejar en claro que la inteligencia no cumple funciones policiales ni judiciales, sino que produce información estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, busca brindar respaldo legal al personal, definiendo con precisión qué prácticas están permitidas y cuáles quedan expresamente prohibidas.
Uno de los ejes centrales es la creación de una Comunidad de Inteligencia, un ámbito de integración funcional permanente bajo la conducción de la SIDE, que permitirá compartir información entre los distintos organismos especializados del Estado. La medida apunta a evitar duplicaciones y superposiciones, y a incorporar conocimientos sectoriales clave —como los económicos, sanitarios, tecnológicos o climáticos— al análisis estratégico nacional.
En paralelo, se establece una Comunidad Informativa, una red de organismos estatales que, sin producir inteligencia en sentido estricto, aportarán datos relevantes a la SIDE. El objetivo es ampliar la base informativa del sistema y mejorar la calidad del análisis estratégico.
Otro punto destacado es la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Mientras que la protección de redes y sistemas quedará a cargo del nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, en la órbita de la Jefatura de Gabinete, la ciberinteligencia se concentrará en la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio. Esta diferenciación, explicaron, busca mejorar la transparencia, la cooperación internacional y el acceso a financiamiento.
La reforma también redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a enfocarse exclusivamente en tareas de contrainteligencia, evitando superponerse con la Policía Federal y dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad. En ese marco, se explicita legalmente que la contrainteligencia tiene un carácter preventivo y se orienta a detectar espionaje, sabotaje e injerencias o influencias extranjeras, adaptando la normativa a amenazas tecnológicas y políticas actuales.
En materia de defensa, se ordena la inteligencia militar: se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y se concentra la producción de inteligencia estratégica militar en el Estado Mayor Conjunto, con el objetivo de eliminar duplicaciones y mejorar la articulación con la inteligencia nacional.
El proyecto incluye además un fortalecimiento de los controles internos. La actual División de Asuntos Internos pasará a denominarse Inspectoría General de Inteligencia y tendrá mayores atribuciones para auditorías, investigaciones internas y control de legalidad, eficiencia y uso del presupuesto.
Por último, se establece que los titulares de los órganos desconcentrados del sistema serán designados por el Secretario de Inteligencia, reforzando la conducción jerárquica y el control interno.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá modernizar y legitimar el sistema, integrarlo de manera más clara al Estado, separarlo de funciones policiales y adecuarlo a las amenazas contemporáneas, con mayores controles y transparencia.
