Mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025, el gobierno de Javier Milei oficializó una reforma que limita el derecho a huelga al ampliar el listado de actividades consideradas esenciales y establecer prestaciones mínimas obligatorias del 50% al 75% durante los conflictos sindicales.
“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, señala el artículo 3 del decreto publicado este martes en el Boletín Oficial.
La normativa precisa que “en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Para las actividades de “importancia trascendental”, el piso obligatorio será del 50%.
Hasta ahora, el listado de actividades esenciales se limitaba a los servicios sanitarios, hospitalarios, la distribución de agua potable y energía eléctrica, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo. Con el nuevo DNU, se agregan múltiples sectores clave.
Actividades alcanzadas por el nuevo DNU
Entre los servicios que ahora deben mantener niveles mínimos obligatorios durante medidas de fuerza se encuentran:
- Salud y farmacia: servicios sanitarios y hospitalarios, transporte y distribución de medicamentos, insumos hospitalarios y servicios farmacéuticos.
- Energía y combustibles: producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, combustibles y energía eléctrica.
- Telecomunicaciones: servicios de internet, comunicaciones satelitales y otros vinculados.
- Transporte y logística: aeronáutica comercial, tráfico aéreo y portuario, balizamiento, dragado, estiba, remolque, transporte marítimo y fluvial de personas y mercaderías, y operaciones costa afuera.
- Servicios públicos estratégicos: aduanas, migraciones, comercio exterior.
- Educación y cuidado: guarderías, niveles preescolar, primario, secundario y educación especial.
La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Iván Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado).
Reacciones sindicales
La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) fue una de las primeras organizaciones en manifestarse en contra. Su secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy, cuestionó la medida: “El Gobierno intenta nuevamente avanzar con lo establecido en el DNU 70/23, que ya ha sido declarado inconstitucional en dos instancias por la cámara laboral”.
“Esta nueva ofensiva autoritaria, llevada adelante mediante un DNU, representa un ataque directo a derechos consagrados en la Constitución Nacional. No lo vamos a permitir”, afirmó Godoy en su cuenta de X (ex Twitter).
