El Gobierno nacional anunció que el proyecto de reforma laboral, que había sido pautado para su aprobación el 26 de diciembre, será tratado finalmente el 10 de febrero en el Senado. La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, explicó que el trabajo en comisión continuará y que se tomará el tiempo necesario para estudiar los cambios solicitados por la CGT y la oposición, en un contexto de creciente rechazo por parte de los sectores sindicales.
A pesar de que el tratamiento inicial de la reforma laboral estaba programado para este viernes 26 de diciembre, la fuerte movilización en Plaza de Mayo en contra del proyecto y las demandas de los sindicatos y la oposición obligaron al oficialismo a reconsiderar la fecha. Patricia Bullrich confirmó que la reforma se discutirá en profundidad durante enero y que el dictamen se firmará en las próximas horas, dejando abierta la posibilidad de modificaciones. «Hemos escuchado a todos los actores y hemos hablado con distintos bloques, incluso con Juliana Di Tullio. Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y vamos a pasar el debate al 10 de febrero», comentó Bullrich en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.
Estudio detallado de las demandas sindicales y de la oposición
Bullrich también subrayó que el Senado llamará a sesiones extraordinarias para analizar a fondo los cambios solicitados por la CGT y la oposición. «Analizaríamos todos los pedidos que nos llegaron aquí, por mail y de distintas maneras, y nos tomaríamos un mes y medio para estudiarlo bien», explicó la jefa de la bancada de La Libertad Avanza. Aseguró que el oficialismo está «abierto a la escucha», destacando la disposición a evaluar las demandas y sugerencias de los diversos actores políticos y sindicales.
La decisión del Gobierno de posponer el tratamiento de la reforma laboral responde en parte a la creciente movilización de sectores sindicales y opositores. Este jueves, miles de personas se manifestaron en Plaza de Mayo para expresar su rechazo a las propuestas que incluyen modificaciones al régimen de indemnizaciones, la flexibilización de derechos laborales y la eliminación de varios convenios sectoriales. La CGT, que ha liderado las protestas, advierte que la reforma afectará negativamente a los derechos de los trabajadores y podría generar mayores desigualdades laborales.
