El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa serán juzgados por tráfico de drogas en Nueva York a partir del 1 de junio de 2027, anunció un tribunal federal el miércoles, casi siete meses después de la captura de la pareja en Caracas.
Presos en una cárcel de Brooklyn, ambos niegan los hechos que se les imputan. El exjefe de Estado, de 63 años, está procesado por cuatro cargos de narcotráfico y tráfico de armas. Su esposa Cilia Flores, de 69 años, enfrenta tres cargos.
Comandos estadounidenses sacaron a la pareja de su complejo residencial en Caracas el 3 de enero. La operación relámpago combinó fuerzas navales, aéreas y terrestres y puso fin al mandato de Maduro, en el poder desde 2013.
Durante una audiencia preparatoria de unos 20 minutos el miércoles, el juez Alvin Hellerstein fijó la apertura del juicio para el 1 de junio del próximo año, tras una solicitud conjunta de la fiscalía y la defensa.
Manifestantes con carteles que decían “Liberen al presidente Maduro” se congregaron frente al tribunal de Manhattan, ondeando banderas venezolanas, mientras que otros exhibían pancartas en las que calificaban a Maduro y Flores de “dictadores”.
Durante su primera comparecencia en Nueva York el 5 de enero, poco después de su detención, Maduro se presentó como “un prisionero de guerra”.
Entonces se declaró no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de “narcoterrorismo”, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Desde la salida de Maduro del poder, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión del gobierno de Donald Trump. Estados Unidos controla las exportaciones de petróleo venezolano, cuyos ingresos van a cuentas especiales supervisadas por Washington.
En abril, Estados Unidos permitió a Venezuela pagar la defensa legal de Maduro y Flores, algo que anteriormente estaba prohibido por las sanciones estadounidenses.
Los Maduro habían tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.
Además del proceso penal contra el expresidente, las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela emprendieron a comienzos de julio una acción civil en su contra, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones en el marco de un esquema de violencia de Estado.
La demanda presentada el mes pasado afirma que Maduro hizo que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un grupo de seguridad de élite, ejecutara a los jóvenes entre 2017 y 2020.
Sostiene que las víctimas se encontraban entre los miles de muertos bajo el mando de Maduro a manos de unidades que incluían las FAES, que se disolvieron en 2021 tras denuncias de violaciones de derechos humanos, incluso por parte de la ONU.
Durante su mandato de casi 13 años, Maduro fue acusado de recurrir a la represión política para aferrarse al poder. Sus dos reelecciones, en 2018 y 2024, fueron rechazadas como fraudulentas por numerosos países, incluidos Estados Unidos.
