El presidente del bloque Argentina Federal, el diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad, llevó al Congreso una propuesta para colocar el endeudamiento de las familias dentro de las prioridades de la agenda nacional y avanzar desde el diagnóstico hacia una respuesta concreta: crear un mecanismo que permita refinanciar las deudas que hoy absorben una parte creciente de los ingresos de trabajadores, jubilados y hogares argentinos.
El proyecto de creación del Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal, acompañado por los diputados Alberto Arrúa, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Bernardo Biella, parte de una definición central: el sobreendeudamiento alcanzó una dimensión que ya no puede ser considerado exclusivamente un problema privado entre deudores y acreedores.
Los fundamentos advierten que cuando las cuotas consumen una proporción desmedida del ingreso, la deuda comienza a competir directamente con los recursos destinados a alimentación, vivienda, servicios, educación y salud.
Frente a esa realidad, Argentina Federal propone una intervención concreta del Estado que no consiste en eliminar las obligaciones contraídas, sino en generar condiciones para que las familias puedan pagarlas sin comprometer su subsistencia.
De muchas deudas a una cuota posible
La herramienta central consiste en permitir que las personas puedan consolidar préstamos personales, saldos de tarjetas de crédito, créditos de financieras, mutuales, cooperativas y otras obligaciones en una única operación de refinanciación.
El proyecto establece una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35%, plazo mínimo de devolución de 24 meses y cuotas fijas. Además, elimina gastos administrativos, comisiones de otorgamiento y cargos de intermediación, permite la cancelación anticipada sin penalidades y prohíbe la capitalización de intereses moratorios y punitorios.
La diferencia es sustancial: en lugar de seguir acumulando cuotas con diferentes vencimientos, tasas y costos, el beneficiario podría ordenar esas obligaciones mediante un esquema único, regulado y diseñado específicamente para reducir la presión mensual sobre sus ingresos.
El Programa alcanzaría a personas con ingresos de hasta diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles cuando las obligaciones financieras representen al menos el 30% de sus ingresos netos o los de su grupo familiar.
Proteger el salario antes que naturalizar la deuda
Uno de los aspectos de mayor impacto político y social de la propuesta es la protección de trabajadores y jubilados que tienen créditos descontados directamente de sus haberes.
Para esos casos, el proyecto habilita mecanismos de sustitución de los actuales códigos de descuento por nuevas operaciones que necesariamente deberán representar una carga menor.
La iniciativa establece además un límite conceptual concreto: ninguna refinanciación podrá comprometer los ingresos indispensables para atender las necesidades esenciales del trabajador, jubilado o pensionado y de su familia.
También prevé que, iniciado formalmente el trámite para ingresar al Programa, puedan suspenderse durante un máximo de 90 días hábiles las ejecuciones judiciales vinculadas con las obligaciones alcanzadas, así como nuevos embargos o medidas cautelares sobre cuentas sueldo, prestaciones de la Seguridad Social o haberes jubilatorios.
Una respuesta frente a números que muestran el deterioro
El proyecto respalda la necesidad de una política nacional con datos incorporados en sus fundamentos. Allí se señala que la morosidad de las financiaciones destinadas a las familias pasó del 10,6% en enero de 2026 al 12,8% en mayo, mientras que determinados segmentos del crédito destinado al consumo presentan indicadores todavía más preocupantes.
La propuesta plantea que detrás de esos porcentajes existe una discusión mucho más profunda: cuánto del ingreso queda efectivamente disponible después de pagar las obligaciones financieras.
Desde esa perspectiva, el objetivo del proyecto no es promover un nuevo ciclo de créditos para consumo. Los fondos que se otorguen mediante el Programa tendrán destino exclusivo para cancelar, refinanciar o sustituir deudas existentes, incluso mediante transferencias directas a los acreedores.
El Banco Nación será invitado a participar prioritariamente, mientras que bancos públicos y privados, mutuales, cooperativas, compañías financieras y proveedores no bancarios podrán adherir bajo las condiciones fijadas por la ley.
La propuesta incorpora además exenciones de IVA sobre intereses y otros cargos correspondientes a las operaciones alcanzadas, mecanismos de transparencia sobre el Costo Financiero Total y la obligación de informar al beneficiario cuánto terminará pagando antes de asumir la refinanciación.
Con el proyecto, Herrera Ahuad y Argentina Federal buscan trasladar al Congreso una problemática que ya atraviesa la economía cotidiana de los hogares: familias que trabajan y perciben ingresos, pero encuentran una proporción cada vez mayor de esos recursos comprometida antes de poder destinarlos a sus necesidades básicas.
La iniciativa propone transformar ese diagnóstico en una política pública nacional, bajo una premisa que atraviesa sus fundamentos: recuperar la función del crédito como herramienta para resolver necesidades, evitando que se convierta en un mecanismo que comprometa la subsistencia familiar.
