Se conoció este jueves el fallo que ordena devolver sus beneficios a vecinos de Garupá, Apóstoles, Candelaria y San José que se vieron afectados por los recortes de Nación. La sentencia fue dictada el pasado 5 de septiembre por la jueza civil y comercial de Posadas, Carmen Helena Carbone. El Estado Nacional y Andis fueron notificados ayer 17 de septiembre.
Mediante una sentencia judicial que fue dictada el pasado 5 de septiembre por la jueza civil y comercial de Posadas, Carmen Helena Carbone, el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) deberá devolver sus pensiones a cuatro beneficiarios de pensiones por discapacidad de Garupá, Apóstoles, Candelaria y San José. Estas personas fueron notificados ayer 17 de septiembre de la decisión judicial.
Los demandantes Emilio Mauro oriundo de Apóstoles; Wilson Toniolo de Candelaria, Marcos Javier Pereira Duarte de Garupá; y Claudia Belén Romero de San José, promovieron una acción de amparo con el patrocinio del doctor Luis Oudin y la asistencia del Consejo Provincial de Discapacidad, luego de que se interrumpieran sus pensiones sin previo aviso ni resolución administrativa fundada.
La jueza Carbone determinó que “la suspensión constituyó un acto arbitrario y violatorio de garantías constitucionales básicas como el derecho de defensa, la seguridad social y la tutela judicial efectiva”. En su fallo, resolvió ordenar la restitución inmediata del pago de las pensiones, en un plazo de 48 horas desde la notificación, prohibir cualquier nueva interrupción mientras dure el proceso y establecer multas en caso de incumplimiento.
La jueza detalló que, si bien la demanda estaba dirigida contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad, correspondía intervenir en forma urgente porque se trataba de vulnerabilidad de la salud y a la vida digna de estos ciudadanos. Seguidamente, citó la ley 26.854, que habilita la eficacia de medidas cautelares dictadas incluso por un juez incompetente cuando se afectan sectores socialmente vulnerables y derechos de naturaleza alimentaria o sanitaria. De esta manera, fundamentó la legitimidad de su intervención y la necesidad de adoptar una decisión inmediata para evitar un perjuicio irreparable a los beneficiarios.
En una reciente conferencia de prensa realizada en la jornada de este jueves, el vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, explicó el fallo de la Justicia misionera y afirmó que comenzó a correr el plazo perentorio de 48 horas para que el Gobierno Nacional se ponga a derecho y cumpla con la resolución. “Hoy es un día importante porque hemos dado un paso en defensa de los derechos de las personas que más necesitan y después de varios meses de gestiones que no habían llegado a buen puerto y sin respuesta. No obstante, por decisión del gobernado Hugo Passalacqua presentamos ante la Corte Suprema de Justicia una medida cautelar”, repasó el vicegobernador de Misiones, quién estuvo acompañado por la presidente del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, y por el abogado Luis Adrián Oudin.
“Fue una resolución favorable para estas cuatro personas, la doctora Carbone a resuelto que se les restituya sus pensiones a estas cuatro personas. Son pensiones de medicamento y una contribución para mejorar su calidad de vida”, destacó Romero Spinelli y planteó que “es el inicio de un proceso para personas que están pasando por una situación similar”.
Si bien el fallo judicial alcanza a los cuatro demandantes, se constituye en un precedente clave para cientos de beneficiarios en situación similar. Este caso reforzó la imposibilidad de que el Estado Nacional dispusiera recortes discrecionales sobre derechos sociales básicos. “Es un fallo precedente y se han vulnerado todos los derechos sin los debidos procesos, estamos a favor del equilibrio fiscal pero no a cualquier costo. Mucho menos a costa de derechos que son innegociables y siempre hemos defendido en Misiones. Cuando estamos unidos en defensa de la dignidad humana, hay buenos resultados”, resaltó el vicegobernador.
Labor desde el Consejo de Discapacidad
Por su parte Tatiana Antúnez, del Consejo Provincial de Discapacidad, manifestó que “llegar a esta instancia fue haber vulnerado todo tipo de derecho”. “Para nosotros es un procedimiento, pero para la familia es su comida y sus remedios”. La titular de la cartera de Discapacidad, contó que “desde la Provincia se está defendiendo a las personas que vieron suspensiones en sus pensiones y no recibieron la citación correspondiente, y por ende no pudieron presentarse a las auditorías”.
“Hoy estamos trabajando en recepcionar las consultas desde el Consejo Provincial de Discapacidad en nuestro teléfono o en las oficinas. Son nuestros canales abiertos, así como también con los municipios a través de sus áreas de acción social”, contó y destacó la importancia de acercarse y realizar las consultas para avanzar en los trámites. “Desde marzo estamos trabajando y lamentablemente en este caso nos tocó ir por lo judicial. Estamos realmente preocupados y queremos cumplir con todos los misioneros y misioneras que están siendo afectados por esta situación”, sostuvo Antúnez.
El Territorio
