El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 anunció que el próximo jueves 23 se conocerá el veredicto en el juicio que se le sigue a 35 personas, entre directivos de Austral, funcionarios civiles y de la Fuerza Aérea, imputados por “estrago doloso” por la muerte de 74 pasajeros del vuelo 2553 que se estrelló en Fray Bentos, Uruguay, en 1997.
En lo que fue la anteúltima jornada del juicio, continuaron con la lectura de los escritos presentados por los imputados para desistir del beneficio de las últimas palabras, algo que “insólitamente” ya insumió tres jornadas, según indicaron fuentes judiciales.
A media mañana, el presidente del TOF 5, José Martínez Sobrino, que integra junto a los jueces Daniel Obligado y Adriana Palloti, decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves de la semana próxima, donde en primer lugar terminarán de leer los escritos presentados por los acusados para luego dar lugar a la lectura de su decisión.
Antes de esa decisión, uno de los letrados de la defensa anunció el deceso de uno de los acusados, que ya presentaba problemas de salud, y solicitó un minuto de silencio en su homenaje, cuestión que fue atendida por Martínez Sobrino, pese a decir que no era “habitual”, y ante el asombro de los querellantes.
Resultó llamativa la actitud del magistrado, según fuentes judiciales, porque siempre fue celoso de las formas procesales, por lo menos ante cuestionamientos de la querella, pero fue coincidente y permisivo cuando se trató de la defensa o de actitudes personales, como cuando “no dejaba de mirar su celular durante las audiencia presenciales” o al finalizar el polémico alegato fiscal, donde hizo comentarios futbolísticos con los abogados, algo que los familiares consideraron “una total falta de respeto”.
Lo concreto es que se llegó a esta etapa del proceso luego de los alegatos, en los que la querella pidió penas de entre 12 y 25 años de prisión para los acusados, mientras que el fiscal Juan Patricio García Elorrio pidió la absolución porque entendió que las pruebas recabadas en la investigación y en los debates “no tiene el grado de consistencia requerido para que caiga el principio de inocencia”.
Desde el inicio del juicio, los familiares de las víctimas advirtieron que “nos vemos sometidos a revivir la segunda muerte de nuestros seres queridos, en esta oportunidad de manos del Poder Judicial en el marco del debate oral y público”.
Esta alerta se produjo luego que García Elorrio considerara el principio de “in dubio pro reo”, lo que significa que ante la insuficiencia probatoria se está a favor del acusado, por lo que decidió pedir la absolución de los acusados.
Además, consideró que no resultaba válido como prueba el informe final de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil de la República Oriental del Uruguay (Ciada), que determinó como una de las causas de la tragedia aérea la condición de engelamiento de los tubos Pitot que produjeron lecturas erróneas en los velocímetros.
Sin embargo, el fiscal sí tomó en cuenta las conclusiones de una pericia ordenada por el TOF Nº 5, en la que la mayoría de los peritos dijeron que resultaban válidas las observaciones que formuló la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil de la República Argentina (Jiacc) a dicho informe final y, por ende, la responsabilidad de la tragedia recae en los errores cometidos por los pilotos.
Ello, más allá de que uno de los peritos oficiales también puesto por el tribunal, Carlos Lupiañez, presentó su propio informe -en disidencia- en el que sostuvo que lo sucedido fue por una falla en la cuestionada aeronave.
No obstante, y en lo que a priori parece una contradicción, el fiscal sí decidió acusar por “falsedad ideológica” al imputado Danilo Wenk, quien era director de Certificación Aeronáutica de la entonces Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (DNA), para quien solicitó la pena de 3 años de prisión condicional, por la firma de un documento.
Pero la mañana del jueves, justamente, se conoció que Wenk -el único acusado por el ministerio público- falleció a causa de sus problemas de salud, por lo que no quedó ningún pedido de condena estatal para los imputados en el juicio.
Al respecto, los familiares recordaron un comunicado emitido en septiembre de este año, titulado “Vergonzosa consagración de la impunidad”, y señalaron que “de esta manera y como preludio de una sentencia anunciada, se consagraría una vez más en este país la impunidad, sometiendo a las víctimas, familiares y a la sociedad argentina al más horrendo y cruel estado de indefensión por parte de un Poder Judicial profundamente cuestionado, en especial el que tiene su sede en el emblemático edificio de Comodoro Py”.
El vuelo 2553 de Austral se estrelló el 10 de octubre de 1997 y dejó 74 muertos, y el juicio recién comenzó el 24 de marzo de 2019.
Según se indicó en un informe, el avión McDonnell Douglas DC-9-32 con matrícula argentina LV-WEG, que se dirigía desde la ciudad argentina de Posadas hacia la ciudad de Buenos Aires, se precipitó a tierra en la estancia Nuevo Berlín, zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, luego de una falla con el sistema de tubo de Pitot.
Austral Líneas Aéreas había sido gestionada hasta 1995 por la aerolínea española Iberia, y era gerenciada en ese momento por el Instituto Nacional de Industria (INI) de España.
Fuente Télam
