Con la presencia de Fiscales de Estado de 16 provincias, arrancó en la sede porteña de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) una primera cumbre destinada a consensuar la metodología para calcular el monto de la compensación que reclamarán al Gobierno nacional tras el reciente fallo de la Corte Suprema que ordenó a Mauricio Macri financiar el costo fiscal de sus medidas post PASO sin erosionar la coparticipación.
La jornada sumará luego, pasado el mediodía y también en la CFI, una reunión de ministros de Economía, para terminar de pulir los números de la estrategia. El mandato de los gobernadores es claro: avanzar en el cobro sin demoras, frente a las primeras estrategias dilatorias que brotaron desde la Casa Rosada.
Para ello cada provincia deberá elevar al máximo tribunal la liquidación que considere pertinente. La letra chica de ese cálculo es lo que buscarán definir en la cumbre de hoy.
En la mesa de Fiscales de Estado se sentaron enviados de 16 provincias: Entre Ríos, San Luis, San Juan, La Pampa, Tucumán, Catamarca, Chubut, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, Formosa, Chaco, Mendoza, Santa Cruz y Río Negro.
De ese lote, las primeras 12 provincias (de un total de 16) accionaron a fines de agosto contra los dos decretos pro consumo del Presidente que mermaron las remesas automáticas a los gobernadores.
Pero el éxito de la estocada atrajo a más distritos: se sumaron al cónclave funcionarios del radical mendocino Alfredo Cornejo, del justicialista chaqueño Domingo Peppo y del rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
Ese segundo lote de distritos no fue hasta el momento a la Justicia y privilegió la apertura primero de negociaciones con la Casa Rosada, pero ahora esperan recibir también un derrame (político) de recursos, a partir de la puerta abierta por el fallo de la Corte. Aunque la presencia de los Fiscales parece augurar un camino judicial.
Los gobernadores están decididos a monetizar de inmediato la cautelar que les blinda la coparticipación y esquivar los intentos de la Casa Rosada de freezar los tiempos, en medio de la caliente campaña electoral hacia los comicios del 27 de octubre.
Según pudo saber Ámbito de fuentes provinciales, los mandatarios evalúan dos métodos de cálculo de compensación posible: usar el cálculo ensayado por el propio Gobierno nacional acerca del costo fiscal de las medidas (uno $ 34 mil millones, dicen, sobre lo que habría que aplicar los coeficientes de cada provincia según la ley de coparticipación); o hacer un ejercicio de simulación, sin los decretos de por medio, y “determinar el monto de acuerdo a cómo venía la recaudación” antes de las medidas de Macri.
Por de pronto, bajo el brazo los enviados de cada provincia llevaron un punteo de los montos de pérdidas de coparticipación estimados para su distrito.
Por caso, en lo que respecta a Entre Ríos, en el distrito que gobierna el peronista Gustavo Bordet estiman un costo fiscal de los decretos presidenciales 561 y 567 del orden de los $1.584 millones, mientras que consideran que el costo que debería asumir el Estado nacional para con la provincia, en lo que respecta a octubre, es de casi $27 millones.
La resolución de la Corte ordenó días atrás que el Gobierno nacional debe hacerse cargo de financiar el impacto de las medidas post-PASO (y pro consumo) de Macri, que erosionan las remesas coparticipables. El mix incluye la suba del piso de Ganancias y la eliminación del IVA en alimentos de la canasta básica, entre otros puntos.
Pero la definición del monto a compensar augura una dura pulseada con la Casa Rosada que, de hecho, pidió ya a la Corte una aclaración respecto de cómo hacer frente a la orden y solicitó la convocatoria a una audiencia entre las partes “por la necesidad de conciliar con las provincias la forma en que se dará cumplimiento a la medida, preservando el interés público comprometido en los decretos 561 y 567”.
