Las Universidades nacionales preparan su quinta marcha federal, para exigir al gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento. La Ley cumplirá este lunes 321 días sin aplicarse, y el Gobierno hace caso omiso también de acatar la cautelar judicial, en firme tras un fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, que debería redundar en un “inmediato” (y pasaron nueve meses) aumento salarial de 31% a más de 300 mil docentes y no docentes de las más de 60 universidades públicas del país.
La nueva marcha universitaria fue propuesta el viernes último por Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, durante el 96° plenario de rectoras y rectores que se reunió en Bariloche.
Bartolacci propuso la realización de la marcha en octubre, en fecha a determinar, buscando una vez más el masivo apoyo de la sociedad que, según evaluó, fue determinante para sostener la posición de las Universidades frente a los recortes del Gobierno.
En la reunión del CIN se aprobó también el proyecto de presupuesto universitario 2027, es decir, el cálculo que las universidades (más de 50 representantes de las áreas administrativo-financieras se reunieron prviamente en Mar del Plata para elaborarlo) hicieron de lo que necesitarán para funcionar.
Así, la suma a solicitar es de 11 billones de pesos. Sabiendo que la cuesta es díficil, este lunes enviarán notas a los legisladores y en los próximos 15 días convocarán a una reunión pública en el Congreso, para explicar las necesidades universitarias, anunció Bartolacci en el cónclave, donde dieron también la bienvenida el anfitrión, el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, y el gobernador Alberto Weretilneck. Vale recordar, para 2026 se pidió 7,3 billones, el Gobierno otorgó 4,8 billones y en julio pasado hizo una ampliación de 1,33 billón, con el que se pagó un acuerdo salarial por el 21% y otras partidas.
Del plenario participaron también los representantes de las federaciones gremiales, que el martes último concurrieron a la fracasada paritaria convocada en el Ministerio de Capital Humano, donde el Gobierno, ofreció 3% de incremento por setiembre. Debe 31%, según marca la ley que incumple.
El comité ejecutivo del CIN quedó mandatado para convocar a la nueva marcha federal.
Pero Bartolacci dio cuenta de un escenario complejo, y de incertidumbre por delante.
Es que, mientras transcurría el plenario, se vencían al mismo tiempo los 3 días de plazo que el juez Martín Cormick le dio al Gobierno para que explique que avance produjo respecto de la cautelar dictada por el propio magistrado.
Tras el fallo de la Corte del 25 de junio, según detalló el abogado del CIN, Pablo Manili, al informar ante el plenario, hubo dos pedidos de ejecución de la cautelar, reclamando se intime bajo apercibimientos de multas diarias, y de iniciar causa en la Justicia por el delito de desobediencia (art. 239). El abogado explicó que toda la línea de “mando” estaría incluida: el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez; la ministra Sandra Pettovello; el jefe de gabinete, Diego Santilli, y el presidente Milei.
Manili lamentó que las multas diarias que se piden no podrán ser del patrimonio de los funcionarios mileistas, beneficiados por una ley K. Desde 2013, indicó, con las leyes de “democratización de la Justicia” que impulsó Cristina Kirchner, las multas van al Estado nacional.
La decisión del juez, si la adopta en los próximos días, podría cambiar el panorama respecto de la marcha. En el ámbito universitario se habla de las dilaciones del Poder Judicial, por una cautelar que debió cumplirse hace meses.
A todo esto, el segundo cuatrimestre arrancó con paros, y este martes habrá otro más, por 24 horas.
Bartolacci definió como un “momento extremadamente difícil” para las Universidades nacionales: “Discutimos o gestionamos con actores (por el Gobierno) que consideran que el Estado no tenga que destinar recursos. Porque hemos tenido momentos de dificultades, pero siempre se discutía con actores que sabían de la relevancia del conocimiento para el país”.
El titular del CIN valoró no obstante que el juez Cormick denegó al Gobierno levantar la cautelar (los abogados del Estado argumentaban estar cumpliendo la ley, por el acuerdo paritario del 10 de junio, que otorgó una parte de la recomposición). Y confió que decida pronto la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad o no del decreto de Milei que promulgó la ley de Financiamiento, pero dejando su aplicación en suspenso, al alegar falta de recursos.
En paralelo, el juez también admitió una cautelar de la UBA por los artículos de la ley que destina fondos a hospitales universitarios, y ciencia y técnica.
Los cálculos técnicos del presupuesto universitario se tomaron sobre la base de la Ley de Financiamiento. A los $ 11 billones se sumará otro pedido de $ 7 mil millones más destinados a becas Progresar, infraestructura, y Ciencia y Técnica.
El 90% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios docentes y no docentes.
Fuente Clarín
