La Cámara de Diputados de la Nación aprobó días atrás el proyecto de la denominada “Ley Hojarasca” que incluyó la derogación de la Ley 20.843 de Padrinazgo Presidencial, una norma vigente en el ordenamiento jurídico local que obligaba al titular del Poder Ejecutivo a convertirse en padrino del séptimo hijo varón o séptima hija mujer de una familia.
La sesión legislativa arrojó 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones para convalidar el paquete de reformas estructurales de la administración libertaria. El texto aprobado pasó de forma inmediata al Senado de la Nación para su tratamiento definitivo durante el período de sesiones ordinarias. Lo que se conocerá en los próximos días.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, diseñó la iniciativa técnica bajo la premisa de eliminar regulaciones obsoletas o anacrónicas que distorsionaban el presupuesto del sector público nacional. La norma modificada establecía que los ahijados del mandatario accedían a una beca de fortalecimiento educativo financiada por el Ministerio de Capital Humano para costear estudios primarios, secundarios y universitarios.
El origen de la práctica institucional en territorio argentino remite al año 1907, cuando el entonces mandatario José Figueroa Alcorta aceptó de forma simbólica el padrinazgo del hijo de una pareja de inmigrantes rusos en la provincia de Buenos Aires.
El antecedente histórico se vinculó con una antigua tradición de la Rusia zarista, donde los monarcas adoptaban ese rol para frenar el abandono infantil. En el plano local, la costumbre popular asimiló el rito civil como un mecanismo para combatir la superstición del “lobizón”, una creencia del ámbito rural que ligaba al séptimo hijo varón con fenómenos de licantropía.
El tercer gobierno de Juan Domingo Perón institucionalizó la costumbre mediante el dictado del Decreto 848 en el año 1973, haciendo extensivo el alcance del beneficio formal también para las séptimas hijas mujeres. La posterior sanción de la Ley 20.843, promulgada en septiembre de 1974 por la presidenta María Estela Martínez de Perón, transformó el carácter honorífico del padrinazgo en una obligación de financiamiento estatal permanente. Las familias debían presentar constancias de alumno regular ante el Correo Argentino y acreditar buena conducta civil para mantener los cobros anuales de las becas oficiales.
El presidente de la Nación, Javier Milei, aplicó los criterios de desregulación económica para desactivar el andamiaje burocrático destinado al seguimiento y entrega de las medallas recordatorias y los diplomas firmados. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, argumentó en contra del desmantelamiento normativo al señalar que el oficialismo apuntaba a “desarmar barreras de protección destinadas a industrias y sectores estratégicos”.
La justificación del Gobierno nacional remarcó que las estructuras de asistencia educativa obligatoria deben canalizarse a través de los programas universales vigentes sin distinción de nacimientos.
La reducción de las normas activas dentro de la administración pública centralizada alcanzó a 59 leyes tras las modificaciones introducidas en el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El diputado oficialista Benegas Lynch defendió la supresión de las prerrogativas presidenciales bajo el argumento de avanzar en la simplificación del Estado y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.
El trámite administrativo de las becas activas sufrirá modificaciones operativas una vez que la Cámara de Alta sancione definitivamente la norma de ordenamiento legal.
El debate legislativo expuso que el padrinazgo presidencial consumía partidas específicas del presupuesto educativo para una población beneficiaria que se redujo progresivamente debido a la caída en la tasa de natalidad general y los cambios demográficos de las últimas décadas.
Los equipos jurídicos del oficialismo sostuvieron en los fundamentos del despacho de mayoría que el mantenimiento de oficinas destinadas a la gestión de estas excepciones resultaba ineficiente. La eliminación de la norma del “lobizón” forma parte del lote de leyes derogadas que incluyó regulaciones sobre la cría de conejos y el uso de microfilms bancarios.
La votación nominal en la Cámara de Diputados dejó en evidencia la polarización política respecto al rol regulador del Estado sobre los usos y costumbres de la sociedad civil. Los diputados del bloque Pro y sectores del radicalismo acompañaron mayoritariamente el criterio del Poder Ejecutivo para depurar la legislación nacional sancionada en la década de 1970.
El trámite parlamentario continuará su curso hacia el Senado, donde el Gobierno buscará replicar los acuerdos políticos para efectivizar la baja definitiva del régimen especial de ahijados institucionales.
Fuente Perfil
