En su sesión semanal, la Cámara de Representantes adhirió a la ley nacional que establece el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. También definió un marco regulatorio para el ejercicio profesional del trabajo social en la provincia.
La adhesión al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento busca aumentar la productividad y la creación de empleo; fomentar la generación de empleo calificado; y promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información para la producción de bienes, prestación de servicios y mejora de procesos.
Algunos de los rubros que forman parte de la economía del conocimiento son: programas y servicios informáticos y digitales; producción y postproducción audiovisual; biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética.
El objetivo es posicionar a Misiones en la región “en lo referente al talento del recurso humano y la capacidad innovativa de las empresas”, explicó el diputado Carlos Rovira, autor de una de las dos iniciativas que fueron consideradas para la sanción de la ley provincial. El otro proyecto tenido en cuenta corresponde al ex diputado Nicolás Daviña.
La adhesión de Misiones al régimen nacional demuestra “el compromiso de diversificar la matriz productiva mediante el impulso de políticas de innovación sustentable”, con el propósito de “generar nuevos empleos de calidad vinculados a la mayor actividad técnica y científica”, argumentó Rovira en los fundamentos de su proyecto.
En la misma sanción, se creó un programa en las escuelas secundarias que dependen del Consejo de Educación de Misiones, destinado a fomentar los estudios terciarios y universitarios relacionados con la economía del conocimiento.
Por otra parte, la Legislatura estableció un marco regulatorio para el ejercicio del trabajo social en Misiones, para lo cual efectuaron modificaciones a la antigua ley provincial que regulaba la profesión del servicio social.
El objetivo es jerarquizar la profesión de trabajo social; reglamentar su funcionamiento; y delimitar sus deberes, derechos, y garantías; promover condiciones dignas para el desarrollo de la profesión; determinar la obligatoriedad de la matriculación; y combatir la ilegalidad e informalidad de la profesión.
Entre otros cambios, se definió el requisito de contar con título universitario de licenciado en trabajo o en servicio social, para el ejercicio de la profesión.
El legislador Roque Gervasoni, impulsor de la propuesta, manifestó que la intención es “revalorizar, dignificar y aplicar criterios de justicia, que se argumentan en el quehacer cotidiano de cada trabajador social misionero que realiza prestigiosos aportes en la búsqueda por optimizar políticas públicas y contribuye al desarrollo del sector privado”.
Los diputados también resolvieron donar un inmueble de la provincia, ubicado en Puerto Iguazú, a la Cámara de Empresarios Misioneros del Autotransporte de Cargas; para que sea destinado a su sede.
Asimismo, se instituyó la Fiesta Provincial de la Rapadura, con sede permanente en la localidad de Santa Ana, que se realizará en el mes de noviembre de cada año.
