También lo hicieron Chaco, Córdoba y Neuquén. Los cuatro convenios suscriptos por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y sus pares provinciales significan un financiamiento de $6.247.891 para supervisar, controlar y diseñar programas de reinserción para personas en conflicto con la ley penal implementados por los gobiernos provinciales.
Los acuerdos suscritos entre el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y sus pares provinciales de Chaco, Córdoba, Misiones y Neuquén buscan fortalecer la estructura institucional de cada provincia mediante el diseño, desarrollo y ejecución de políticas públicas destinadas a la readaptación social de las personas en conflicto con la ley penal que hayan agotado su condena o están bajo libertad condicional.
En conjunto, la cartera nacional destinará $6.247.891 entre las cuatro provincia para garantizar la reintegración social mediante la incorporación de profesionales del área de trabajo social, abogacía, sociología y carreras afines a la formación académica de las personas que accedan al programa. Los convenios estipulan que las partes implementarán mecanismos efectivos de supervisión y asistencia de condenados, liberados condicionales y personas que hayan agotado su pena.
La firma de los cuatro nuevos acuerdos institucionales se suma a los otros nueve acuerdos firmados durante el año 2023 con Buenos Aires, Catamarca, Río Negro, San Juan, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Salta y Tucumán. De esta manera, en el corriente año la cartera nacional de Justicia destinó un total de $52.486.064 para fortalecer las instituciones de patronatos de liberados de las provincias citadas.
