El ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, el arquitecto Martín Recamán, participó de una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde ratificó la postura de la provincia en férrea defensa de la Ley Nº 26.737 de Tierras Rurales, argumentando que, al poseer más del 90% de sus límites con fronteras internacionales, regular la propiedad sobre el suelo constituye un pilar estratégico de soberanía, ordenamiento territorial y conservación de los recursos naturales.
Durante el encuentro federal, las autoridades ambientales acordaron avanzar en una asamblea extraordinaria fijada para el próximo martes 13 de octubre, oportunidad en la que el organismo definirá su posición formal frente a las modificaciones impuestas a la mencionada normativa. Históricamente, la Ley Nº 26.737 fijaba un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, impidiendo además que una misma nacionalidad superase el 30% de dicho cupo y aplicando restricciones específicas para parcelas situadas en zonas de seguridad de frontera o linderas a cuerpos de agua permanentes de envergadura.
En su intervención, el ministro Recamán enfatizó que estos condicionamientos revisten una trascendencia crítica para Misiones debido a la distribución desigual del fenómeno. Si bien la media provincial se sitúa por debajo del tope global del 15%, un total de cinco de sus 17 departamentos rebasan dicho margen: Iguazú, Montecarlo, Eldorado, General San Martín y Concepción. El caso más crítico se registra en el departamento Iguazú, el cual contabiliza 114.406 hectáreas bajo dominio extranjero —lo que equivale a casi el 40% de su superficie rural—, una situación que condiciona de manera directa la expansión urbana, la oferta habitacional y el desarrollo industrial en comunas como Puerto Libertad.
Desde el enfoque estrictamente ambiental, Recamán argumentó que la provincia alberga una elevada concentración de masas boscosas, cuencas hídricas y biodiversidad, hallándose inmersa en una región trinacional donde los procesos productivos y las dinámicas ecológicas de Brasil, Paraguay y Argentina traspasan las fronteras políticas. Por ello, la administración misionera defiende la facultad del Estado para ordenar el territorio frente a la presión de grandes mercados regionales, garantizando que el uso de la tierra sea compatible con los intereses productivos, ambientales y territoriales locales.
Esta postura en el COFEMA se alinea con las acciones encaradas por el Gobierno de Misiones, el cual acudió a la Justicia tras la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el Ejecutivo nacional. Al respecto, la decisión responde a los lineamientos marcados por el gobernador Hugo Passalacqua, quien sostiene que la condición fronteriza de la provincia transforma la protección del suelo en una cuestión ineludible de soberanía provincial y resguardo del patrimonio natural.
