Con el objetivo de enfrentar el avance del crimen organizado en zonas de frontera, el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este lunes el lanzamiento del Plan Guacurarí, una iniciativa focalizada en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen, en el límite con Brasil. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 626/2025, fue firmada por la ministra Patricia Bullrich y establece la creación de un Comando Unificado con participación de fuerzas federales y provinciales.
La zona elegida para implementar el operativo abarca 25 kilómetros de frontera seca, un tramo de difícil acceso y sin barreras naturales, donde desde hace años se detecta actividad delictiva vinculada al narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el lavado de dinero. El Gobierno reconoció que la presencia de organizaciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, ambas de origen brasileño, se ha intensificado en esa región estratégica.
El Comando Unificado Guacurarí estará compuesto por efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. La Policía de Misiones también tendrá representación a través de enlaces designados por la provincia. El objetivo es coordinar operativos conjuntos que permitan recuperar el control territorial y actuar sobre redes delictivas transnacionales.
El plan tendrá una duración inicial de 180 días, prorrogables según evolución de la situación. Además, se enmarca dentro de una política más amplia de reforzamiento de las fronteras impulsada por el Gobierno nacional, que incluye también los planes Güemes y Roca, en Salta y Jujuy, respectivamente.
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que Misiones representa un punto estratégico por sus extensas fronteras con Paraguay y Brasil, y señalaron que la falta de presencia estatal en algunas zonas ha sido aprovechada por grupos criminales para establecer corredores ilegales.
El Plan Guacurarí no solo apunta a reestablecer el orden en el terreno, sino también a generar una señal política clara de que el Estado busca recuperar la iniciativa en zonas donde históricamente las redes delictivas han operado con impunidad.
