A través de un decreto, el Ejecutivo extendió hasta el 28 de febrero el período de sesiones extraordinarias y anunció el envío de un proyecto para modificar la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión apunta a evitar que los dictámenes pierdan vigencia y a encuadrar el debate en la estrategia de equilibrio fiscal.
El Gobierno oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero, con el objetivo de garantizar el tratamiento de los proyectos incluidos en el temario y sumar la discusión por el financiamiento universitario.
La medida se formalizó mediante el Decreto 103/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se establece la extensión del período convocado originalmente por el Decreto 24 del 18 de enero. Con esta decisión, el Ejecutivo busca evitar que las iniciativas debatidas en la última semana de febrero queden sin efecto por cuestiones reglamentarias.
Financiamiento universitario bajo revisión
La inclusión del tema se da luego de que el Gobierno apelara la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley aprobada en 2025. La crisis por el presupuesto universitario -que escaló entre 2024 y 2025 con masivas movilizaciones y un veto presidencial- abrió un frente político y judicial que el oficialismo busca encauzar con una nueva norma.
En ese marco, funcionarios del área educativa mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una propuesta que contemple actualización presupuestaria con previsibilidad jurídica, pero sin comprometer el objetivo central del Ejecutivo: el superávit fiscal.
Desde el inicio del conflicto, la administración de Javier Milei dejó en claro que cualquier modificación en el esquema de financiamiento deberá ajustarse a su programa económico. La intención es redactar una ley “implementable” dentro de las nuevas reglas fiscales y con respaldo parlamentario suficiente.
En paralelo, la Procuración del Tesoro presentó un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que la apelación tenga efecto suspensivo, lo que permitiría avanzar en el debate legislativo mientras se resuelve la cuestión judicial.
