De las 19 provincias que el miércoles pasado suscribieron el documento crítico elaborado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), tres de ellas, Misiones, Neuquén y Río Negro, decidieron postergar la presentación de sus recursos luego de iniciar negociaciones con la Casa Rosada.
Tampoco se sumaron a la medida cautelar las administraciones de Chaco, Córdoba y Entre Ríos, todas ellas de extracción peronistas.
Las que van a la Corte
Trece gobernadores realizaron ayer presentaciones por separado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando se declare inconstitucional el decreto dictado por el presidente Mauricio Macri mediante el cual se estableció la reducción del IVA en productos de la canasta familiar y la suba del mínimo no imponible en ganancias.
La aspiración de los mandatarios provinciales es que el gobierno nacional realice una compensación ante la perdida que sufrirán sus arcas a raíz de los paliativos anticrisis dispuestos por Macri de manera inconsulta, tras la debacle electoral que sufriera en las urnas en las PASO.
En esa dirección, en las presentaciones los gobernadores le reclamaron al máximo tribunal de justicia del país que haga lugar al dictado de una cautelar para que no se le retraigan recursos a las provincias de la coparticipación hasta que no se dicte un fallo de fondo.
“Hoy, junto a otras provincias hermanas, ante la Corte Suprema, demandamos al Estado Nacional por la decisión unilateral de alterar el régimen de coparticipación federal”, señaló a través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Santiago del estero, Gerardo Zamora.
También se refirió al tema el asesor general del gobierno catamarqueño, Pablo Gallardo: “Nosotros no decimos que la medida no se debe tomar, lo que pedimos es que el Estado Nacional afronte (cualquier medida de alivio) con sus propios recursos” y si bien reconoció que “los argumentos son prácticamente homogéneos en algunos aspectos” se diferencian “sobre cómo inciden las medidas en los presupuestos locales”.
Esos planteos se suman a los cuatro recursos interpuestos ante la Corte por La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, contra el decreto de necesidad y urgencia que congeló el precio de los combustibles. Otra de las disposiciones de impacto inmediato fue la eliminación del Impuesto al Valor Agregado del 21 por ciento a los alimentos de consumo básico como el pan, el aceite, la leche, las pastas, la yerba, el arroz y el azúcar, entre otros.
Las acciones acordadas por los mandatarios provinciales ante la Corte apuntan a que se declare inconstitucional el decreto presidencial que estableció, de manera provisoria, la reducción del IVA en productos de la canasta familiar y la suba del mínimo no imponible en ganancias.
Ahora, las demandas serán derivadas a la Procuración General de la Nación para que dictamine si los casos presentados por Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe y San Juan son o no “competencia originaria” de la Corte.
